La inclusión de buena parte de las propuestas concertadas entre los departamentos y los importadores de licores en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) sufrió un revés luego de que las regiones entraran en diferencias internas.
Con el Plan se busca la eliminación del monopolio de las bebidas alcohólicas tal y como está hoy.
Esta intención quedó plasmada en los artículos 190 a 206 que, entre otras cosas, unificarían el gravamen para nacionales e importados de manera progresiva en los próximos cinco años y les quitaría a los departamentos la discrecionalidad que hasta ahora tienen para limitar el ingreso de una marca o tipo de licor en su jurisdicción.
Y aunque en principio había acuerdo al respecto con la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (ACIL), este jueves esta les envió una carta al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al director de Planeación, Simón Gaviria, pidiéndoles que retiren los artículos y en especial el 193, por considerarlo inconstitucional y lesivo para los intereses de los departamentos.
Su presidente, Jorge Iván Orozco, le admitió a Portafolio que hacia adentro hay un juego de intereses.
Otra carta que el vocero de la Federación de Gobernadores, Amylkar Acosta, le mandó el martes al presidente Santos indica que con el nuevo régimen los recursos que ingresan a las administraciones seccionales para salud y educación por la vía de los licores bajarían de 1,6 a 1,2 billones de pesos.
Aparte de eso, se da por descontado que la Federación buscará enfilar a las bancadas regionales para que inclinen a la hora de votar esta legislación den su voto negativo, si acaso este articulado se mantiene.
¿ADIÓS AL CONTRABANDO?
No obstante, un estudio que la Asociación Colombiana de Importadores de Licores y Vinos (Acodil) le encargó a una firma especializada, indica que, entre los años 2007 y 2013 el monopolio solo les generó a los departamentos el 0,8 por ciento de sus ingresos y, en cambio, no alcanza a compensar las pérdidas a causa del contrabando, la elusión, la evasión y las distorsiones del mercado. Así mismo, muestra que incluso estos recursos aumentarían porque sería una herramienta eficaz para atacar el contrabando y eliminar distorsiones que actualmente sufre el mercado.
Según el documento, el licor que entra ilegalmente al país representa alrededor de 410 millones de dólares y cita cifras de Euromonitor según las cuales de cambiar la legislación actual los ingresos fiscales de los departamentos crecerían en el corto plazo por lo menos en 88.000 millones de pesos con respecto a los obtenidos bajo el régimen de monopolio.
"Adicional a esto, habría ingresos fiscales adicionales por cuestión de aranceles, impuesto a la renta y parafiscales, ya que el tamaño del mercado estaría aumentando y las empresas legales sí pagan estos impuestos”, añade.
El análisis indica que el orden vigente ha provocado que las licoreras sean ineficientes. El presidente de Acodil, Luis Guillermo Vélez, anota que no ha sido por condiciones de mercado que la mayoría de esas empresas han fracasado y que apenas seis subsistan. De hecho, el informe dice que si se excluyeran los impuestos de lo que reciben los gobiernos seccionales por bebidas ‘espirituosas’ dejando solo las ganancias de las empresas productoras, la cifra pasaría de representar el 14 % de sus ingresos totales a un 4,7 por ciento.
Vélez se queja de que los importados alcanzan solo el 9 por ciento del mercado colombiano, pero aportan el 17 por ciento de los impuestos, lo cual refleja una inequidad actual que se traduce en mayores precios que incentivan la ilegalidad .
PIDEN ESTUDIOS NEUTRALES
Por su parte, Orozco, afirma que no confía en el estudio en que se apoya Acodil, pide que el Gobierno explique en qué se basó para los artículos del Plan y que haga estudios que garanticen objetividad.
Además, propone que el nuevo régimen de licores se tramite en marzo como una “ley de régimen propio” y que se incluya en ella a la cerveza, que pesa un 93 por ciento en el mercado de licores.
“Somos conscientes de que la apertura se debe dar, pero de forma programada; que no afecte las rentas de los departamentos y que adicionalmente se proteja la producción nacional por encima de los extranjeros”, afirma. En ese sentido, su propuesta es que el periodo de transición no sea de 5 sino de 20 años.
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