La resolución del caso que involucra a la compañía Tigo-UNE aún es incierto. En especial, si se tiene en cuenta que las opciones que estaban sobre la mesa y el tiempo para llegar a una determinación se están agotando.
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Para entrar en contexto, Tigo-UNE es una de las principales empresas de telecomunicaciones que hay en el país.
Desde hace un tiempo, la firma se enfrenta a una crisis de liquidez derivada de las altas inversiones que ha realizado en los últimos años y el impacto que sobrevino de la pandemia. Un ejemplo de esto, fue la compra de dos bandas por 40 MHz en la subasta de 700 MHz de 2019 y los costos que representó el incrementar su cobertura.
Esta situación, a la que se le suman otros factores como la inflación o las alzas que registró el dólar, generaron que las cifras de la empresa se sitúen en rojo.
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Ahora bien, en esta historia entran dos personajes importantes: Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el grupo global de telecomunicaciones Millicom, propietarios actuales de Tigo-UNE.
Para poder hacer frente al problema y concertar un plan de 'contingencia' que permita proteger a la compañía, los puestos de trabajo y a los usuarios, su junta directiva se ha reunido en múltiples ocasiones para analizar las alternativas disponibles.
Tigo
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El Gobierno, en cabeza del Ministerio TIC, fijó como plazo el 11 de octubre para que la empresa llegue a un acuerdo sobre cómo darle solución a su situación financiera, ya que de lo contrario tendrá que entrar a un proceso de reorganización empresarial.
Entre los escenarios que se han contemplado sobresalen dos opciones: obtener la capitalización o empezar la dilución.
En el primer caso, la firma necesitaría una inversión cercana a los 600 mil millones de pesos (300 mil millones por parte de EPM y los 300 mil millones restantes por parte de Millicom).
Según explicó la multinacional, con esta propuesta "la capitalización se haría al valor contable, legal y auditable de las acciones en los libros de la empresa. Con una capitalización conjunta, no habría dilución para ninguna de las dos partes".
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En lo que se refiere a la capitalización, también se ha contemplado la emisión de acciones para obtener el capital necesario.
De acuerdo con Lorena Torres, senior technical consultant de BlueNote Management Consulting, esta opción beneficiaría a Tigo, puesto que "la industria de Telecomunicaciones Móviles demanda grandes volúmenes de capital. Detener una operación como la de Tigo-UNE, con más de 15 millones de conexiones y una infraestructura de red de cobertura nacional (la red 4G cuenta con más de 6.300 sitios operativos), no es algo inmediato y tiene además un costo de salida del mercado muy alto que tendrían que asumir los accionistas".
En el escenario de la dilución, Millicom entraría a poner todos los recursos, y EPM quedaría con un porcentaje menor en propiedad de la empresa, que deberá ser aprobado por el Concejo de Medellín.
De hecho, hace unos días, mediante información relevante en la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), se dio a conocer un proyecto de acuerdo relacionado con este último caso.
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Archivo EL TIEMPO
Ante este panorama, surge una pregunta que con el pasar de los días ha comenzado a ganar más peso: ¿qué pasará con los usuarios del operador?
En entrevista con El Colombiano, Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, señaló que si bien la compañía esta enfrentando una situación desafiante, esto no quiere decir que haya dejado de ser viable.
"Nosotros tenemos redes que soportan la capacidad de nuestro usuario hoy, tecnológicamente estamos preparados, hemos crecido nuestra red de una manera impresionante, damos el servicio como el que hoy nuestros usuarios lo ven, eso seguirá siendo así", explicó.
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Ahora bien, en caso de que tuviese que entrar en reorganización, el servicio también tendría que garantizarse de manera continúa. Según lo señaló la analista Lorena Torres, en este escenario hipotético se tendría que definir un plan de acción para que la red del operador se mantenga operativa y los clientes continúen con sus servicios de telefonía e Internet móvil.
"Este plan debe asegurar que se le brinden a los usuarios alternativas para continuar con sus servicios de telecomunicaciones, ya sea en la red de Tigo o portarse a otro operador", agregó la experta.
Por esa misma línea, el analista de tendencias digitales Nicola Stornelli, las probabilidades de que el operador se acabe son mínimas, por lo que el impacto en los usuarios también sería menor.
"No le va a pasar nada a los usuarios y no se va a acabar la empresa. Sería la peor noticia para el país y un pésimo mensaje para los inversionistas extranjeros", señaló.
En cuanto a las opciones disponibles, ambos expertos destacan que la continuidad en la prestación de los servicios es un derecho de los usuarios. Sin embargo, en caso de no sentirse seguros con la situación del operador, estos pueden recurrir al proceso de portabilidad numérica, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) o a la Superintendencia de Industria y Comercio.
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