Luego de la aprobación en primer debate de la reforma de la salud en el Congeso, Transparencia por Colombia y Así Vamos en Salud alertan por riesgos de corrupción con esta reforma, una de las estructurales del Gobierno.
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Lo primero que afirman es que se avecina un gran "riesgo de corrupción" con la reforma de la salud, esto por "los enormes presupuestos públicos que manejan, por la falta y asimetría de información entre los múltiples actores involucrados, y por la complejidad en la gobernanza y regulación de los sistemas".
Lo que los llevó a esa afirmación fue una revisión de 67 casos de corrupción y a partir de esto encontraron que "las principales irregularidades en el actual sistema son de tipo administrativo, privado y político, con un costo estimado de 1,63 billones de pesos colombianos. Los servidores públicos fueron responsables del 46,2% de estos casos. Los actores privados también jugaron un papel importante en el 37,3% de los casos registrados. Los delitos más comunes asociados con la corrupción fueron la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y el prevaricato por omisión. Cerca del 25% de los casos de corrupción estaban relacionados con irregularidades en el suministro de medicamentos, como sobrecostos, beneficiarios ficticios, cobros por medicamentos no entregados, tráfico y falsificación de medicamentos".
Frente a esos riesgos, desde Transparencia y Así Vamos hacen algunas recomendaciones para la reforma.
Así, mencionan que "se requiere una estrategia de transparencia presupuestaria que involucre a todas las fuentes que financiarán el sistema, así como la obligatoriedad de la publicidad de la información de contratación, incluyendo la contratación asociada al Plan Nacional de Equipamiento en Salud que incluiría los recursos que se inviertan en infraestructura y dotación del sistema".
Por otra parte, afirman que "si bien la creación del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud (SPUIIS) aportaría a una mejora de los datos abiertos y de la rendición de cuentas del sistema de salud, el reto de implementación de un sistema único es enorme, por lo cual se podrían considerar esquemas efectivos de interoperabilidad de sistemas ya existentes. En cuanto a los medicamentos, la reforma propone la compra centralizada de medicamentos por subasta pública, sin embargo, esto debe acompañarse de criterios claros y objetivos para su realización".
El riesgo de injerencia política es otra de las preocupaciones que encontraron y recomendaron que "la reforma debería estar acompañada de medidas de prevención de riesgos de injerencia política y de corrupción. Es necesario asignar al Ministerio de Salud y de Protección Social la responsabilidad de establecer una estrategia sectorial de lucha contra la corrupción en este ámbito".
Adicionalmente, consideran "necesario que el Sistema Integrado de Calidad (SICA) propuesto incorpore criterios de transparencia presupuestaria, acceso a la información pública, meritocracia en la designación de cargos directivos y rendición de cuentas de las ISE a los usuarios. Igualmente, se plantea que las facultades extraordinarias que se le concederían al presidente de la República deberían estar suficientemente delimitadas, en particular respecto al rol que tendrá la Nueva EPS en la transición hacia el nuevo sistema".
Otro de los énfasis que hacen es que la Adres "no cuenta con la capacidad para responder por el manejo centralizado de recursos de todo el sistema, por lo cual se podrían crear nuevos riesgos de mal manejo de los mismos".
En materia de control y sanción, encontraron que "dentro de la reforma no queda suficientemente claro sobre quién recae el rol del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. La reforma tampoco contiene disposiciones suficientes para determinar el alcance que tendrían las auditorías dentro del sistema. Existe un riesgo de ausencia de control frente al pago del 80% de los recursos que son entregados a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a 30 días de la radicación de la factura, con el pago del 20% restante de los recursos sujeto a auditoria. Tampoco se identifican los mecanismos específicos de denuncia ciudadana o institucional de actos de corrupción. Es necesario incorporar mecanismos de control sobre el giro de recursos para evitar posibles malversaciones".
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