El millonario derroche durante la construcción de la Refinería de Cartagena no deja de sorprender al país.
Al mal cálculo hecho durante su construcción, que provocó millonarios sobrecostos se suma un plan de incentivos con el que las directivas buscaban acelerar su inauguración.
(Lea: 'Error en cálculo inicial encareció obras en Reficar').
Según un informe presentado por Caracol Radio, más de 3.900 empleados recibieron bonificaciones por más de $100.000 millones para que entregaran las cinco unidades de la refinería. Sin embargo, los dineros fueron pagados, pero las metas no fueron cumplidas.
A estos costos se suma el inequitativo pago de algunos obreros que ganaban hasta $14 millones, cuando ingenieros industriales con especializaciones apenas devengaban un sueldo mensual de 4 millones, lo que ha despertado múltiples sospechas. Esta denuncia fue hecha el fin de semana por Noticias Caracol.
Todo indica que estas decisiones, que representaron millones de pesos, contaban con la autorización de las Juntas Directivas, que recientemente fue llamada a investigación por parte de la Contraloría General de la República.
(Contraloría abre juicio fiscal a Reficar por $17 billones de pesos).
Según el contralor Edgardo Maya, los miembros de esas juntas, manejaron información y tomaron decisiones que dejarían en evidencia que estaban enterados de la manera como se manejaron los recursos públicos en la modernización y ampliación de Reficar.
Según cálculos de la propia Contraloría, la obra dejó millonarios e inexplicables excesos y mayores costos que superan los 17 billones de pesos por los que alguien debe responder.
Entre los mencionados en la investigación hay exministros, como Orlando Cabrales; el expresidente de la petrolera estatal, Javier Gutiérrez, y Reyes Reinoso, gerente de Reficar.
Recientemente, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO tuvo acceso a las actas de juntas que respaldan la apertura del proceso fiscal y estableció que la mayoría datan de entre diciembre del 2011 y septiembre del 2015.
Tras revisarlas queda en evidencia la preocupación que tenían desde ese entonces los directivos de Ecopetrol y Reficar por los sobreprecios y sus consecuencias. De hecho, desde el 10 de diciembre del 2014 Reficar y Ecopetrol contemplaban que CB&I, la compañía que se contrató para realizar el proyecto (y con la que hoy hay un megapleito), podía dejarlo a medio camino.
Ese día, los 7 miembros de la junta de Reficar fueron convocados al piso 12 del edificio de Ecopetrol en Bogotá y, tras horas de discusión, esta pidió a la vicepresidencia del proyecto apoyarse en el bufete estadounidense King Spalding para enfrentar posibles acciones de la contratista.
“Adelantar un análisis de riesgos frente a una situación en la que CB&I abandone el proyecto o afecte su avance”, ante una posible reclamación de Reficar. Y se pidió identificar recursos y acciones en caso de que se materializara el abandono del proyecto.
En esa junta se reveló un estudio de Jacobs Consultancy Inc., asesora del sector, que alertaba que los costos de la obra iban a seguir creciendo y que, solo en ese lapso, terminarían siendo 500 millones de dólares más altos. Desde ese entonces, la consultora Jacobs también señaló que Reficar presentaba “una serie de riesgos relacionados con la finalización de la construcción” por lo que se recomendaba adicionar “un presupuesto de contingencia”.
(Daño fiscal por irregularidades en Reficar alcanzó los $ 8,5 billones).
Lo que llama la atención de los investigadores es que a pesar de las alertas, ese día se pidió y aprobó que el presupuesto de la megaobra pasara de 6.901 millones de dólares a 7.153 millones de dólares.
En ese momento justificaron esos costos adicionales por la convención colectiva suscrita entre CB&I y la USO y por una huelga de 14 semanas registrada en Reficar a mediados del 2014.
‘SALA DE GUERRA’
La Contraloría escarbó más atrás y encontró actas del 2011 y 2012, en las que se aprobaron modificaciones sustanciales a las condiciones del contrato, lo que disparó costos y tiempos.
Uno de los virajes estructurales se dio el 24 de mayo del 2011. Ese martes, la junta aprobó el primer ‘control de cambios’, mecanismo que permite modificar condiciones del proyecto en términos de costos, cronograma e incluso alcances.
En consecuencia, se aprobó la inclusión en el portafolio de más productos refinados, bajo la promesa de que generarían jugosos ingresos adicionales.
Para eso, pidieron 216,5 millones de dólares extra. Además, una reserva de 306,5 millones de dólares. Esa plata correspondía a las “partidas omitidas en el estimado inicial, o que fueron subestimadas, o que fueron requeridas luego de la aprobación inicial”.
En criterio de los investigadores, esa ampliación del portafolio multiplicó gastos sin que revirtieran en el negocio madre. “Es como ponerle a un carro rines de lujo, pintura metalizada y vidrios polarizados. Se gasta dinero, pero no va a ir más rápido. En este caso, ni se mejoró el producto ni se aumentó su producción”, explicó un experto.
Para ese momento, cinco años antes de que estallara el escándalo, los retrasos y costos de la obra ya eran una preocupación. De hecho, la junta reclamó por qué Reficar no presentaba “las acciones correctivas” ni señalaba cuándo ni cómo las iba a incorporar.
También se quejaron de que algunos indicadores no se cumplían “por demoras en el proceso de selección de las personas que van a reforzar el equipo del proyecto Reficar”. Un año después, según las actas en manos de la Contraloría, el panorama no mejoraba y los costos se dispararon. El 7 de mayo del 2012, el presupuesto pasó de 3.993 a 4.854 millones de dólares.
En este periodo ya estaba caminando una renegociación con CB&I, que le pedía a Reficar y a Ecopetrol modificar el cronograma y el presupuesto, bajo el argumento de que había retraso en la emisión de órdenes de compra y hasta en la entrega de bienes y servicios por parte de proveedores.
Además, un análisis interno alertó que era probable que esa renegociación con CB&I no fuera favorable para Reficar.
A pesar de ese antecedente, el 29 de abril del 2013 se autorizó una adición presupuestal por 2.048 millones de dólares y los miembros de la junta insistieron en que, frente a los problemas, era necesario armar una estrategia de comunicaciones para resaltar “los beneficios y bondades de adelantar el proyecto, los indicadores con tendencia positiva y, en lo posible, no trasladar en un mensaje al público las posibles discusiones con el contratista”. Para eso, le pagaron un jugoso contrato a un experto en comunicaciones.
Finalmente, el 8 de septiembre del 2015, se fijó el valor final de la planta de Reficar: 8.016 millones de dólares. Y solo hasta ese momento, es decir, ocho años después de iniciar el contrato, se implementó “una sala de guerra”, para hacerle un seguimiento “más riguroso” al ahora escandaloso megaproyecto bajo la lupa de las autoridades.
‘LAS DECISIONES FUERON SUSTENTADAS’: REFICAR
En su defensa, Reficar emitió un comunicado en el que explica que “los controles de cambio efectuados al proyecto de ampliación y modernización de la refinería fueron rigurosamente sustentados técnica, comercial y financieramente, y fueron necesarios para asegurar la terminación del proyecto”. Y recordaron que están en pleito en un tribunal de arbitramento para que CB&I responda por la variación de costos y tiempos.
Además, reiteraron su disposición para colaborar con la investigación fiscal. En total, la Contraloría llamó a 18 miembros de la junta de Ecopetrol, entre los que están Hernando Gómez, Carlos Rodado, Fabio Echeverry, Federico Rengifo y Amilkar Acosta.
También citó a 13 personas de la junta de Reficar como Javier Gutiérrez y Pedro Rosales, así como a seis directivos de Reficar: Orlando Cabrales, Reyes Reinoso, Felipe Castilla, Magda Manosalva, Carlos Bustillo, Virgilio Riera y César García. Por último, se vincularon los representantes de seis contratistas, entre estos los de CB&I.
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