Inassa anuncia que se defenderá de la Fiscalía colombiana

El ente ordenó ayer jueves la suspensión, embargo y secuestro de sus acciones en la compañía Triple A de Barranquilla.

Grupo Inassa

La Fiscalía General informó del inicio del embargo de acciones por 202.000 millones de pesos de Inassa.

OSCAR BERROCAL

POR:
Portafolio
octubre 05 de 2018 - 07:57 a.m.
2018-10-05

La empresa pública española de aguas Canal de Isabel II aseguró este viernes que hará todo lo posible para defender judicialmente sus derechos, después de que la Fiscalía de Colombia ordenara ayer jueves la suspensión, embargo y secuestro de acciones de su filial Inassa en la compañía Triple A de Barranquilla.

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La Fiscalía General informó del inicio del embargo de acciones por 202.000 millones de pesos (unos 67 millones de euros) de Inassa, equivalentes al 82 % del capital, y ordenó sanciones para ocho directivos y exdirectivos, varios de ellos españoles. Triple A, que maneja los servicios públicos de Barranquilla, la principal ciudad del caribe colombiano, está participada por Inassa, que Canal de Isabel II adquirió en el 2001.

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En un comunicado, la empresa española informa que emprenderá "todas las actuaciones a su alcance" para defender sus intereses y manifiesta una "enorme preocupación" por las consecuencias de la decisión de la Fiscalía para los servicios públicos esenciales que Inassa presta desde hace 17 años en Barranquilla con "total eficiencia y responsabilidad".

En días próximos, la empresa española "acudirá ante un juez de control de garantías para solicitar defender los intereses de Inassa ante las medidas cautelares practicadas el día de ayer por la Fiscalía con el fin de preservar sus derechos económicos y patrimoniales", precisa el comunicado.

Y reitera "su total colaboración, como ha venido haciendo hasta ahora, en la denuncia e investigación de las posibles responsabilidades en las que hubieran podido incurrir administradores y directivos colombianos y españoles".

La Fiscalía colombiana se basa en hechos ocurridos desde 2000 hasta 2017, cuando se detectaron supuestos pagos fraudulentos mediante un "contrato de asistencia técnica", que habrían causado un detrimento patrimonial cercano a 236.853 millones de pesos, que actualizados con la inflación superarían los 329.000 millones. 

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