Con el nuevo año comienza una nueva etapa en el proyecto aurífero de Soto Norte (Santander), que opera la minera Minesa. No solo reorganizaron los temas técnicos para optimizar su desarrollo, sino que de paso fortalecieron el tema ambiental, el cual se convirtió en el ADN del mismo proyecto.
En diálogo con Portafolio, Santiago Ángel, presidente de la citada empresa, explicó que esta nueva etapa la inician con la radicación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) optimizando su diseño, basado en ingeniería de alta calidad y en el diálogo comunitario.
Recalcó que la propuesta para la construcción en el complejo minero de la mina subterránea de bajo impacto sigue los principios de Desarrollo Sostenible de la ONU.
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¿En esta nueva etapa, cuál es la inversión, y cuánto le dejaría al país en derechos económicos?
El montaje, programado para tres años, tiene una inversión estimada de US$1 millón por día. Es decir, para llegar a los US$1,2 billones. La proyección en impuestos y regalías es cercana a los US$100 millones por cada año durante la vida del complejo minero. Los esfuerzos realizados por la empresa han permito ya una inversión social entre el 2016 y 2018, de más de $30.000 millones. Además se generarían cerca de 5.000 empleos.
¿Cómo va el desarrollo del proyecto?
Se encuentra en la etapa de montaje y su operación inicial se calcula en 22 años. La producción se calcula en 430.000 onzas de oro, lo cual lo convertiría en el cuarto complejo minero en tamaño en Colombia.
¿Cuál será la característica en esta nueva etapa?
El compromiso será de promover el progreso social y económico de la región con inversión que garantice una relación transparente con los diferentes actores. Continuaremos persistiendo en generar espacios de diálogo comunitario para buscar una continua mejora del complejo con la zona de Soto Norte.
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La semana pasada presentaron un nuevo EIA ante la Anla...
La compañía tomó la decisión de retirarlo hace diez meses para armar y presentar un proyecto mejor. Y el documento radicado contiene sustanciales mejoras en su diseño optimizado para asegurar la conectividad del hábitat y al mismo tiempo mejorar la protección del territorio, su entorno y las comunidades.
¿Dónde lo ajustaron?
Lo desarrollamos sobre tres temas. Primero, analizamos los requerimientos solicitados cuyo contenido expresaban sensibilidades políticas en las denominadas zonas frágiles.
Segundo, nos sentamos con la comunidad para escuchar, entender y comprender sus inquietudes. Y tercero, incorporamos dos temas sensibles: derechos humanos y trabajo con comunidades.
¿Hay ambiente en la Anla para su aprobación?
Este proceso para analizar el estudio de impacto ambiental surtirá su etapa técnica, así como la de discusión y socialización. Tomará varios meses. Caminaremos al ritmo que la normatividad y las autoridades lo permitan. Estamos tranquilos y dispuestos a realizar las reuniones que sean requeridas porque nuestro interés es el de tener un proyecto con todas las salvaguardas y garantías para su desarrollo.
Contradictores del proyecto afirman que afectará el Páramo de Santurbán...
Con respecto a la cercanía del proyecto al páramo de Santurbán, tenemos dos medidas. La línea más agresiva, que es la 1:100.000 del Instituto Von Humbolt, registra que estamos a kilómetros de distancia. Y con referencia al índice de altura estamos a una distancia que supera los 460 metros. A esto se suma, que el proyecto se convertirá en un guardián más del páramo. Adelantaremos todos los compromisos a que haya lugar para tal fin.
Tomamos la decisión estratégica de radicar también todos los estudios sobre el tema de los acuíferos, áreas sensibles, fauna y flora. Si se va debatir el tema del páramo, que mejor que tener a disposición información para tomar las decisiones técnicas que se deban hacer. Es parte del debate técnico que se debe dar para una discusión abierta y transparente.
Además del tema de páramo, se tiene especial atención y cuidado con el agua, se revisaron todos los estudios disponibles sobre el acueducto de Bucaramanga para garantizar la continuación del suministro de un agua potable.
¿Cómo desarrollaron la estrategia de diálogo con las comunidades?
Incorporamos las necesidades y aspiraciones de la comunidad de Soto Norte en cada aspecto del proyecto, derivadas de 97 reuniones de nuestra zona de influencia directa en las que participaron más de 6.300 personas.
Como resultado se han venido realizando labores para la recuperación ambiental y el monitoreo del agua en las áreas rurales de California para eliminar y descontaminar más de 360 toneladas de arenas contaminadas con mercurio, proveniente de las operaciones mineras informales en la zona, en las rondas de las quebradas locales.
¿Cuál fue la mayor demanda de la comunidad?
Las comunidades solicitaban la garantía en la toma del agua. Que el agua que se vierte cuente con los máximos niveles exigidos para que no generen problemas de salud.
La garantía es que esta agua sea para el consumo humano.
¿Y mejoras en la infraestructura de la operación?
Se adecuarán los túneles en la mina bajo los principios de Desarrollo Sostenible de la ONU para que no solo la operación sea más eficiente, sino que de paso se disminuya el impacto por el ruidos y las mismas vibraciones.
Hemos hecho una serie de medidas y de cambios que optimizan el complejo, siendo este proyecto de menor huella al que se tenía anteriormente.
PROCESO DE FORMALIZACIÓN
"Se acordó el inicio de un ambicioso proceso de formalización de mineros de California basado en los principios de una minería legal, sostenible que garantice la protección del agua y el medio ambiente. Respaldando el principio de la legalidad: más de 200 mineros de California han participado y están avanzando en su proceso de formalización, con el apoyo de Minesa y otros actores gubernamentales y no gubernamentales en una propuesta para desarrollar pequeña minería con los estándares técnicos y ambientales para garantizar la sostenibilidad de un proyecto de los mineros de California; una solución para más de 200 familias que estarán involucradas en una actividad minera legal en donde los mineros se involucran como socios y fuerza laboral”.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
