Recientemente, la red social Facebook ha estado en la mira de las autoridades de competencia en varios países del mundo por su manejo de los datos personales de sus usuarios.
Según The New York Times, la Comisión Federal de Comercio, autoridad administrativa de competencia de los Estados Unidos, tiene proyectado imponer la que sería una multa histórica de entre tres y cinco mil millones de dólares por violaciones a un acuerdo sobre privacidad firmado en 2011.
En la misma línea, el año pasado Gran Bretaña sancionó a Facebook por el escándalo de Cambridge Analytica, la compañía de consultoría política que usó datos de decenas de millones de usuarios de la red social a favor de la campaña de Donald Trump, con la multa más alta posible. Canadá le formuló cargos por el mismo escándalo y el proceso está a punto de ir a una corte.
Otros países como Irlanda, Francia y Alemania tienen investigaciones en curso contra Facebook por temas de acceso de terceros a datos personales, control insuficiente de contenidos falsos o por el uso de información privada de los usuarios para vender publicidad enfocada a perfiles específicos.
Muchos afirman que las multas impuestas son insuficientes dado el tamaño de las ganancias de Facebook y muchos otros, incluyendo a Chris Hughes, cofundador de Facebook, creen que la única manera de contrarrestar el enorme poder de la compañía es dividiéndola.
Lo cierto es que este es apenas uno de múltiples casos que, en los últimos meses, han puesto a prueba la capacidad de las autoridades de competencia para hacer cumplir la ley y contribuir al buen funcionamiento de los mercados.
Y es que además de la privacidad del consumidor y el manejo de los grandes flujos de información (big data), la política de competencia en el mundo enfrenta hoy grandes desafíos como: la consolidación de empresas grandes y poderosas, el aumento generalizado en los márgenes de rentabilidad, la tendencia de los mercados a estar cada vez más concentrados y el auge de las plataformas digitales.
Como si fuera poco, cuestiones fundamentales que se creían superadas, como el bienestar del consumidor como objetivo de política, el papel del Estado en el control de fusiones y la disyuntiva entre la promoción de campeones nacionales y la protección de la competencia en el mercado local, están hoy en el centro del debate mundial. En este contexto, es más importante que nunca contar con autoridades de competencia fuertes y con la capacidad técnica suficiente para abordar y conducir sus casos de la forma correcta.
EL ROL DE LOS ECONOMISTAS
Es aquí donde los economistas juegan un papel crucial.
En efecto, por su carácter de política pública, la política de competencia debe estar bien informada. Dos ingredientes fundamentales para formular una política de competencia bien informada y efectiva son: un grupo de estudios económicos de alta calidad al servicio de la autoridad de competencia y un vínculo estrecho y permanente con la academia.
El primero se logra con economistas que estén al mismo nivel de formación que aquellos dedicados a la investigación científica, de tal manera que cuenten con los métodos y herramientas de punta para hacer estudios económicos de la mejor calidad.
El segundo se logra con economistas que no solo tengan una vocación de hacedores de política sino que hablen el mismo lenguaje de los académicos. Esto es, que entiendan la importancia de la investigación académica, el método científico y que sean conscientes de las limitaciones de la ciencia económica y las preguntas pendientes por resolver.
Una ventaja adicional de este vínculo es que la autoridad puede poner en la agenda de investigación de los departamentos de economía temas clave para ampliar la frontera del conocimiento en temas de competencia.
Idealmente, el equipo de economistas de una autoridad de competencia debería estar en capacidad de conducir investigación académica por su cuenta.
Al respecto, Pinelopi Goldberg, la economisa jefe del Banco Mundial y profesora de economía de la Universidad de Yale, publicó recientemente: “la buena formulación de políticas requiere un pensamiento estructurado y preciso. Las características de la investigación básica, la creatividad, el pensamiendo independiente, la formulación y la prueba cuidadosa de hipótesis junto con la experiencia [que solo tienen los hacedores de política pública] se traduce en sabiduría invaluable que podría y debería guiar a la política. Un departamento de investigación propio es mejor que los académicos externos para informar (y ser informados por) el trabajo operacional del día a día de su institución”.
Los modelos de Estados Unidos y Europa son ejemplos a seguir. En ambos casos, las autoridades de competencia cuentan con grupos de estudios económicos integrados por economistas que, en su gran mayoría, cuentan con formación doctoral.
Así mismo, son liderados por un economista jefe que, en general, es un profesor universitario con una reconocida trayectoria en investigación en temas de competencia.
Adicionalmente, la autoridad de competencia europea cuenta con un grupo de asesores económicos conformado por un conjunto de prestigiosos profesores universitarios especializados en temas de competencia.
Este es, tal vez, el reto más urgente para las autoridades de competencia de países emergentes: conformar un grupo interno de economistas de alto nivel, así como una red de economistas externos, que les ayuden a enfrentar los grandes desafíos que enfrenta la política de competencia hoy.
Jorge Flórez Acosta
Profesor de economía de la Universidad del Rosario