La SIC alista millonaria multa por cartel de frutas en Bogotá

Superindustria revela las prácticas anticompetitivas de directivos de cinco empresas y recomienda que sean sancionados, junto a sus empresas.

PAE

Las conductas habrían generado desabastecimiento de frutas para refrigerios escolares en cerca de 83% de las zonas beneficiarias del PAE, en Bogotá.

EL TIEMPO

POR:
Portafolio
enero 22 de 2019 - 09:48 p.m.
2019-01-22

Dos reuniones fueron la pieza clave para determinar que el cartel de las frutas del programa de alimentación escolar (PAE), en Bogotá, sí existió y sus efectos fueron mayores de lo inicialmente pensando.

Estos encuentros fueron claves para que directivos de cinco empresas acordaran cartelizarse en dos contratos, abiertos por la Secretaría de Educación Distrital por más de $40.000 millones y que buscaban proveedores de frutas y hortalizas para los refrigerios de cientos de niños que estudian en colegios públicos.

Las sospechas las tenía la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desde septiembre del 2017, cuando les formuló pliego de cargos a Juan Pablo Fonseca, Andrea Rosas Díaz, Hugo Nelson Daza, Stella Téllez, Geimi Daza y Néstor Castelblanco y a las empresas Alimentos Daza, Comercializadora Disfruver, Best Colombian Fruits, Alimentos Spress y Namasté Foods.

Ahora, tras poco más de un año de pesquisas, la entidad encontró pruebas demoledoras para recomendar sancionarlos e imponerles multimillonarias multas, decisión que tendrá que tomar el superintendente Andrés Barreto, y que podría llevar a que cada empresa encontrada responsable reciba una multa de $76.000 millones, cifra que sería de algo más de $2.000 millones en el caso de las personas naturales.

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ASÍ FUE EL ENTRAMADO

El alto funcionario ya tiene en su despacho el informe motivado de este caso, que concluyó que “la conducta de los investigados no fue autónoma e independiente, sino cartelizada y anticompetitiva (...). Empresas con distintos costos se sentaron a definir y acordar cuál era el precio que les servía a todas”.

Juan Pablo Herrera, superintendente delegado para la Protección de la Competencia, le aseguró a Portafolio que “se encontró suficiente evidencia de que los precios iniciales eran referentes del mercado, pero por estas empresas y personas, se dio un fenómeno artificial de alza en cada uno de los ítems a contratar”.

Y agregó que estas actuaciones se hicieron, “con el presunto ánimo de afectar de una forma importante el proceso de contratación”.

De hecho, la SIC encontró que en una primera reunión, en el barrio Las Ferias (noroccidente de Bogotá), los oferentes llegaron a un acuerdo para presionar a CCE, buscando que esta entidad aumentara los valores a pagar por cada fruta. En caso de no lograrlo, también pactaron que ninguno se presentaría al proceso, como forma de ‘boicot’.

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El entramado fue tan bien calculado, que los directivos se compartieron, vía chats de WhatsApp y correos, el texto que debían enviar para reprochar los “precios bajos”, cosa que les funcionó, ya que 25 de los 30 segmentos que debían adjudicarse, quedaron desiertos, y se requirió abrir un nuevo proceso, que resultó más costoso y le daba menor cantidad de frutas para los refrigerios de los niños capitalinos.

Este agravante también tendrá que ser considerado por Barreto y su equipo, ya que, según el Delegado, “había un presupuesto fijo pero como se aplicó un precio más alto, se afectó la disponibilidad del recurso. Es decir, el consumidor final fue cada uno de estos niños, que terminaron fuertemente afectados”.

Otra de las conductas irregulares que encontraron los investigadores tiene que ver con los cinco segmentos que sí se entregaron en la licitación, debido a que si bien hubo feliz término y la empresa FAC S.A.S. sí proveyó las frutas a los estudiantes de colegios públicos, recibió presiones durante el proceso para no hacerlo.

TODOS CONTENTOS

Como si esto fuera poco, una vez los indiciados lograron que se abriera un nuevo proceso, la mayoría de ellos volvió a incurrir en prácticas que restringieron la libre competencia.

Meses después de estos hechos, en la capital se conformó la Unión Temporal Alimento Saludable (de la que hicieron parte varios directivos de las empresas antes mencionadas), con el fin de no competir entre unos y otros, y quedar todos ‘en la misma bolsa’.

Allí aparecen salpicadas, de forma directa o indirecta, las firmas Disfruver, Namasté, Alimentos Spress, Alimentos Daza y Best Colombian Fruits, al igual que los directivos Stella Téllez, Hugo Nelson Daza y Néstor Alejandro Castelblanco, quienes también habían forzado el alza del precio en la licitación anterior.

Esta jugada les permitió aumentar el valor de referencia de cada producto en 46,25%, elevando sus ingresos y llevando a que todos quedaran contentos, pues –concluyó el informe motivado de la Súper– se les “aseguró a todos los integrantes de la estructura plural los beneficios derivados del contrato”.

LA SEGUNDA REUNIÓN


La firma FAC S.A.S. fue la única que se presentó a la primera licitación abierta para proveer de frutas el PAE en Bogotá, aun cuan- do esta recibió presiones para integrarse al cartel de las demás empresas. Sin embargo, esto no sucedió y las empresas que sí participaron generaron, por ejemplo, que un banano que costaba $111 fuera comprado a $205; una ciruela de $237 la pusieron en la oferta por $430. Esto mismo sucedió con la granadilla, que aunque costaba $283, los cartelizados la cobraron a $400. La pera fue la  que más aumento tuvo: pasó de $162 a $460.

Sebastián Londoño Vélez
En Twitter: @SLondonoV

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