Pérdidas del transporte público especial ascienden a los $2,5 billones

Sector denuncia que los alivios que ha recibido el gremio no son efectivos, ni están alineados con la realidad.

Transporte especial

Las empresas de transporte especial señalan que los colegios aún no les giran recursos clave para su superviviencia.

Archivo particular

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Portafolio
julio 21 de 2020 - 11:40 p.m.
2020-07-21

El transporte público especial en Colombia acumula pérdidas cercanas a los 2,5 billones de pesos, ante la parálisis generalizada como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Más de 113 mil vehículos de transporte escolar, de turismo y empresarial se encuentran parados, según cálculos de la Asociación Nacional de Transporte Especial y Turismo (Asonaltet).

“Nos estamos muriendo y, no precisamente, con una muerte digna. Quienes trabajamos en este sector clave de la economía colombiana nos sentimos solos. La realidad es muy preocupante, muchas personas dependen de esta actividad y los alivios que hemos recibido podríamos calificarlos como nulos”, dijo Lida Chacón Orjuela, gerente de Lidertur y vocera de Asonaltet y otras empresas del sector.

Hace tres meses el gremio tocó las puertas del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, solicitando una serie de ayudas para solventar la crisis, pero los alivios que les han entregado no son efectivos, ni están alineados con la realidad del sector.

De acuerdo con los transportadores, las líneas de crédito no son un alivio pues para acceder a ellas los empresarios tienen que hacerlo a través de bancos de primer piso, que exigen tasas de intermediación que oscilan entre el 5 y el 8%.

“Realmente, el Gobierno se ha quedado solo en promesas y en evasivas. Habíamos solicitado una línea de crédito directa y real con Bancoldex, para que los intereses fueran más bajos, pero no recibimos respuesta positiva a esa petición. Ahora, si hablamos de las obligaciones bancarias que ya se habían adquirido, habíamos solicitado que fueran congeladas o aplazadas por un periodo de 120 días, pero nos siguen causando intereses como en época productiva, así la situación es verdaderamente insostenible, estamos ya en quiebra”, manifestó la vocera del gremio.

A eso se agrega que muchos trabajadores del sector del Transporte Público Especial no han podido acceder al alivio a la nómina, una de las ayudas otorgadas por el Gobierno Nacional en medio de la pandemia, porque les exigen requisitos que ellos no cumplen por tener en este momento sus contratos suspendidos y, así las cosas, los bancos los consideran clientes de alto riesgo.

“El Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) nos dice que debemos tener al menos el 80% de la nómina de febrero para aplicar a la de agosto, pero en este momento ya nos vimos obligados a despedir más gente y ya no aplicaríamos a ese subsidio. Sin embargo, todavía tenemos gente por nómina a la que, sin el subsidio, tendríamos que terminarle el contrato. Hemos hecho todos los esfuerzos económicos posibles, hemos vendido propiedades, estamos teniendo que salir de nuestros buses, todo porque estamos asfixiados”, puntualizó Chacón Orjuela.

Una vez más el gremio del Transporte Público Especial pide a gritos ayuda real y efectiva por parte del Gobierno Nacional, pues son más 135 mil conductores y 45 mil monitoras (auxiliares de ruta) los afectados en el país, pues dependen directamente de la actividad. En Colombia son más de 55 mil vehículos de transporte escolar los que se encuentran parqueados, situación que preocupa aún más ante el reciente anuncio de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá de suspender las clases presenciales en los colegios oficiales por el resto de año, suspensión que podría replicarse a nivel nacional.

La Asociación Nacional de Transporte Especial y Turismo – Asonaltet y otras 183 empresas del sector siguen a la espera de que el Gobierno Nacional responda al pliego de peticiones que radicaron hace tres meses. Ellos solicitan la ampliación de la vida útil de los vehículos, en la medida que este año fue perdido, que no les exijan el porcentaje del parque automotor de propiedad de la empresa, que no les exijan las certificaciones de calidad y que se les dé una prórroga automática de las tarjetas de operación, entre otras peticiones.

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