El mercado de drones (RPAS, siglas en inglés) está volando. Sin embargo, hay preocupación porque a pesar de que existe una regulación básica que exige registrar los aparatos que operan con fines comerciales, hoy, el país ni siquiera sabe cuántos drones de este tipo surcan el espacio nacional.
En efecto, todos los equipos de este tipo que se utilicen para realizar tareas comerciales, es decir, distintas a la simple recreación, deben ser registrados y cumplir con unos requisitos mínimos de seguridad, que rigen tanto para el equipo como para su operador.
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Portafolio consultó sobre este mercado y encontró que, a la fecha, en la Aeronáutica Civil solo figuran 45 drones comerciales registrados, cifra que los propios vendedores consideran irrisoria.
Aunque buena parte de los drones que se venden en el país son adquiridos por familias, con fines recreativos, la realidad es que estos aparatos se usan cada vez más en actividades profesionales, como fotografía y videos comerciales, construcción, agricultura, seguridad, vigilancia y hasta en fumigación.
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Es más, expertos sostienen que los drones van rumbo a convertirse en aparatos indispensables para la humanidad.
FUMIGACIÓN RESRINGIDA
En Colombia, las normas indican que los drones solo pueden ser utilizados para actividades de fumigación por parte de la Fuerza Pública, bajo el cumplimiento de normas ambientales. Sin embargo, este aparato es usado en producción agropecuaria comercial en algunas zonas del país, aunque su uso aún es mínimo, debido a los costos de la operación. Es más, las propias autoridades militares avanzan en la afinación de la técnica para la fumigación de cultivos ilícitos.
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Édgar Fernando Quintero, presidente de la Asociación de Aeronaves Remotamente Tripuladas de Colombia, afirmó que el registro actual solo reflejaría el 5% de las existencias reales.
“En Colombia debe haber entre 15.000 y 20.000 drones, pero no tenemos forma de calcularlo con certeza porque la mayoría de estos equipos no están registrados”, dijo a Portafolio.
CURSOS PARA PILOTO
El incumplimiento de las normas sobre el uso de los drones en el país no se limita a la falta de registro de los aparatos con fines comerciales. La regulación señala que quienes los operen deben realizar un curso, y acreditarse, para garantizar la pericia al momento de ponerlos a la volar. El objetivo es prevenir accidentes, los cuales hasta ahora no se han presentado, y evitar que se presenten casos de intromisión en la propiedad privada.
Según Quintero, el valor del curso de piloto (entre $950.000 y $3’.000.000), y el costo de la póliza de seguros de responsabilidad civil, podrían ser algunas de las razones por las cuales las personas no los registran. “Capacitarse y registrarse es importante para autoregularnos e impedir que esto se convierta en un problema porque no sabemos qué está haciendo la gente ni dónde”, señaló.
De acuerdo con la circular 5100-082-002 expedida en 2015 por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), todo dron y su respectivo piloto debe contar con la información sobre las características técnicas del equipo y los datos personales del operador. La norma dice que estos últimos deben acreditar un curso de 260 horas.
La circular también señala que para realizar un vuelo es necesario hacer una solicitud formal a la Aeronáutica Civil 15 días antes de la fecha prevista, especificando el lugar donde sería operado el RPA, la ruta que seguiría, el propósito de la actividad, entre otra información. De no hacerse, se incurre en una infracción sancionable por los Reglamentos Aeronáuticos y el Código Nacional de Policía.
No obstante, la Aerocivil avanza en un proyecto de resolución en el que se busca clarificar información sobre licencias, sanciones, entrenamiento, solicitudes de sobrevuelo y registro.
En el listado de la UAEAC figuran 26 empresas explotadoras de RPAS registradas, 72 pilotos u operadores certificados y los 45 equipos que estarían siendo utilizados para hacer aerofotografía y teledetección, así como para registro de imágenes por medios de comunicación. Ronald Casas, vocero del portal coldrones.co asegura que los equipos más vendidos en el país serían los utilizados para fotografía y video, tanto para el público profesional como para el aficionado; y en segundo lugar estarían los utilizados por los topógrafos.
Casas dijo que la demanda de los drones para fumigación ha crecido de manera significativa como consecuencia de los anuncios hechos por el gobierno nacional en los que planteaban la erradicación de cultivos ilícitos por estos medios. Sin embargo, el uso de drones en fumigación para agricultura comercial aún no está reglamentado y, por tanto, se considera ilegal por parte de la población civil.
En conclusión, el mercado local de drones está en aumento, pero ante el desconocimiento de las normas y la falta de caridad en la regulación, los operadores continúan volando a ciegas.
LA POSICIÓN DE LA AEROCIVIL
La entidad le manifestó a Portafolio que “regular, vigilar y controlar a estos nuevos usuarios del espacio aéreo (los drones) se ha convertido en un reto por el rápido crecimiento de la industria UAS y la alta demanda para acceder al espacio aéreo compartido con la aviación tripulada, lo cual representa un riesgo para las aeronaves en vuelo, fatalidades de personas en tierra o daños a propiedades en tierra. Por lo anterior, la entidad se ha enfocado en el desarrollo de un Proyecto de Integración de los UAS en el Espacio Aéreo Nacional, con el cual se blindará la seguridad operacional”.
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