Como cualquier mercado, Colombia debe venderse como un destino atractivo de inversión para que las empresas nacionales y extranjeras decidan traer sus recursos a nuestro país. Bajo esa premisa, la industria de las telecomunicaciones móviles se desarrolló desde sus inicios en 1994, al punto de convertirse en un referente para toda la región. Tanto los funcionarios del MinTic y de las demás instituciones del Estado, como los operadores, trabajaron durante casi 20 años para tener el sector robusto con el que contamos hoy; siempre con la confianza jurídica y legítima de que no habría reversión de activos, sino de espectro, tal y como lo definieron las Leyes 422 de 1998 y 1341 de 2009.
Lamentablemente, la decisión del Tribunal de Arbitramento sobre este conflicto, con una condena astronómica de 1,6 billones a Movistar y 3,1 billones a Claro, que representa más de cuatro veces la rentabilidad ordinaria anual de las empresas en el 2016, deja dos cosas claras: una, que, inevitablemente, el ritmo de las inversiones en el sector caerá de manera dramática, con todas las implicaciones que eso trae en términos de servicio y calidad; y dos, que el sector, que ya venía en recesión con crecimiento por debajo del PIB, estancará su desarrollo. Incluso, esta decisión podría acabar con la tan esperada licitación de espectro de 700 MHz, pues es poco probable que las dos empresas principales del sector, que tienen que pagar 4,7 Billones, tengan recursos adicionales para participar en esta puja.
Adicionalmente, es incoherente ver cómo las dos compañías que le apostaron a desarrollar el sector, están enfrentadas hoy a un definitivo cambio en las reglas de juego y a desembolsar, en plazos inconvenientes, semejante cifra. Esto no solo es inviable económicamente en cualquier parte del mundo, sino que tiene el enorme potencial de acabar con una empresa.
La preocupación no es menor. La condena impuesta a Claro y Movistar pone en riesgo la economía colombiana. Las telecomunicaciones son un sector transversal a la economía, que no solo contribuye con varios puntos del PIB, sino que, además, es indiscutible su aporte en términos de cohesión e inclusión social. La cobertura cada vez mayor ha permitido que millones de colombianos y empresas tengan más y mejores oportunidades en los rincones más apartados del país, se ha fortalecido el servicio de las entidades del Estado en todas las regiones y los jóvenes reciben mejor educación gracias a las múltiples alternativas que ofrece la tecnología.
Eso es lo que se pone en juego cuando una decisión va en contra, no de las compañías involucradas, sino de los mayores beneficios del país. ¿Qué puede pensar una empresa de cualquier sector –nacional o extranjera– que quiera invertir en el país y observe lo que acaba de pasar con Claro y Movistar? No hay nada más importante que propiciar un ambiente estable y seguro, que estimule la inversión de los privados para que la economía crezca. Esa es la única forma de garantizar el bienestar y los derechos de los usuarios, y de fortalecer la confianza en el país como destino de inversión. Colombia necesita que los operadores puedan seguir funcionando, pero los constantes cambios de condiciones espantan a cualquier inversionista y solo crean desconfianza en el país.
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