El nuevo reto que tienen nuestros gobernantes es entender el ecosistema digital, tanto a los actores tradicionales de los servicios de TIC y televisión, así como a los nuevos que compiten en estos mismos mercados, para garantizar el crecimiento del ecosistema que requiere de importantes inversiones de infraestructura.
En este sentido, preocupa la desconexión entre nuestras instituciones, ya que en Colombia no contamos con una estrategia integral de política para desarrollar exitosamente la economía digital. Por el contrario, vemos contradicciones entre entidades públicas que generan más preguntas que respuestas.
Por ejemplo, la división de funciones entre la ANTV y la CRC conduce a una falta de eficacia en el sector, ya que genera zonas grises en la distribución de competencias. En el caso de la CRC, es la entidad encargada de estudiar los mercados audiovisuales, pero sus análisis no son vinculantes para la ANTV, que define las cargas concesionales y las reglas de entrada al mercado.
Nuestras debilidades fueron identificadas también por la Ocde en el 2014, al hacer su revisión de regulación de las telecomunicaciones en Colombia, y recomendaron el rediseño institucional para tener un regulador convergente e independiente en Colombia. Dicho informe de recomendaciones resaltó el hecho de que la CRC no tenga poderes sancionadores, y que la separación de la formulación y la aplicación de la regulación, que actualmente se dividen entre la CRC y el Ministerio TIC, afectan la efectividad de la implementación de la regulación. Esto es acentuado por el hecho de que Colombia es el país de la región con mayor nivel de participación accionaria del sector público en nuestras telecomunicaciones.
Si bien es cierto que durante los últimos años se viene hablando de este tema, el Gobierno no ha empezado el proceso legislativo necesario para lograr dicho cambio. Un análisis sectorial que hizo la misma CRC, en el 2013, identificó que llevar a cabo este proceso era una oportunidad para que Colombia estuviera a la altura de países que tienen las mejores prácticas en materia de regulación de telecomunicaciones, tales como: Australia, Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, entre otros.
El último en hablar al respecto fue el Departamento Nacional de Planeación, en mayo del 2016, a través de una matriz clara que muestra cómo, en cualquier momento dado, hay siete entidades del Estado que pueden traslapar sus funciones entre sí, generando dudas para el sector privado de a quién hacerle caso: ¿a vigilancia y control del MinTic?, ¿a la CRC? ¿ a la ANTV?, ¿a la Agencia Nacional del Espectro?
Es claro que este panorama genera confusión en el mercado y una incertidumbre regulatoria para los operadores, además de propiciar una inseguridad jurídica que desincentiva la inversión.
Lo cierto es que en la actualidad existe la necesidad de tener un único regulador y que sea independiente de quien defina la política pública de telecomunicaciones y del sector audiovisual en Colombia, que atienda a la convergencia y facilite un entorno normativo equilibrado, y que sea capaz de regular el mercado para maximizar inversiones hacia el sector que se traducirán en beneficios para el usuario final.
Es un hecho que el ecosistema digital es una realidad mundial, y la velocidad con la que Colombia se adapte dependerá de las políticas públicas TIC que se fijen en el país. La solución está dada, volvámosla realidad pues quien adelante no mira, atrás se queda.
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