Alejandro Martínez Villegas

El Gobierno y el Congreso están jugados en llevar al país hacia un escenario de fuentes de energía renovables.

Actualmente, es utilizado por 27 millones de automóviles en el mundo y es la mejor opción como combustible alternativo en canasta energética del país.

El país requiere un cambio estructural en su forma de abordar los retos del desarrollo sostenible.

Mientras nos enfrascamos en discutir sobre falacias, otros países están sintonizados con la agenda internacional y actúan estratégicamente para aprovechar al máximo sus riquezas naturales. En nuestra política pública minero-energética es vital priorizar que esta renta petrolera impulse el desarrollo económico y social del país.

El mundo se encuentra frente a cambios sustantivos en su horizonte energético y Colombia no es ajena a estos retos.

Las proyecciones son malas. De no aparecer nuevos descubrimientos, el país perderá la autosuficiencia de petróleo crudo en el año 2021 (CGR).

Es políticamente viable proponer que las petroleras paguen más, pero por la vía de incentivos fiscales para que vuelvan a invertir.

Cortes, funcionarios del Gobierno y otras entidades estatales, no deben dar el mensaje de que las normas se manipulan para satisfacer los objetivos.