La actual crisis petrolera en el país no se debe al desplome del precio internacional. La causa está en que el país no es competitivo en un escenario global de precios bajos, lo cual es muy distinto. Existen anuncios y proyecciones gubernamentales optimistas, pero no se toman las medidas que se requieren para que esos cálculos sean posibles. De hecho, hay propuestas contraproducentes como el aumento de tributos para el sector empresarial extranjero que se incluye en la reforma tributaria.
En efecto, las proyecciones contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 suponen un nivel promedio anual de producción de 900.000 barriles diarios hasta el 2022, generando ingresos por impuestos cercanos a los $6 billones anuales (sin regalías ni contraprestaciones contractuales). Evidentemente, no se tiene en cuenta que la producción actual es cercana a los 850.000 barriles por día, que esta viene disminuyendo al 14 por ciento, y que la actividad exploratoria es casi inexistente.
Para que esas proyecciones sean posibles, el Gobierno debe impulsar medidas profundas y urgentes, en dos frentes: viabilidad de las operaciones y condiciones económicas para las inversiones. En cuanto a lo primero, el problema está en que surgen sistemáticamente restricciones a las actividades petroleras (y a las mineras, viales, etc.), con ocasión de consultas populares, sentencias de las cortes, decisiones gubernamentales o hechos punibles.
No solo con ataques terroristas, secuestros o amenazas extorsivas se violan los derechos y garantías de los petroleros, los mineros y sus contratistas. Se ha vuelto costumbre recurrir a otras modalidades ilegales y, aun delictivas, como la obstrucción de vías públicas para extorsionar a los empresarios.
Pasando a las condiciones económicas para la inversión, debemos tener presente que hoy el government take, o porcentaje de participación del gobierno, asciende al 75% de la renta que genera cada barril producido (impuestos, regalías, gravámenes contractuales) en un campo petrolero con reservas probadas modestas.
Ese es un nivel muy alto: la perspectiva del 60% de government take generó el boom petrolero en Colombia hace 12 años, y estábamos en un escenario de precios altísimos. Pero si ese 75% no fuera suficientemente malo, con la reforma tributaria que presentó el Gobierno se pone peor: encima de todo, la tarifa del impuesto de renta se incrementará en 15% para los inversionistas extranjeros. La ACP viene advirtiendo esto y que el impuesto a los dividendos prácticamente anularía el incentivo de las Zonas Francas para las operaciones en el mar.
Volvemos a la misma situación de principios de los 70, cuando el país tuvo que asumir el costo de importar petróleo para abastecer la demanda doméstica.
Estamos en una coyuntura compleja en la que hay que pensar por fuera de la caja. Es evidente que aumentar las tarifas no es necesariamente el camino para subier el recaudo. Por el contrario, “…es lamentable que cuando Colombia necesita más inversión y fomentar la competitividad de sus unidades productivas, lo que se busque sea tapar huecos fiscales (…), Islandia, Canadá, México y EE. UU. hicieron lo contrario en distintos momentos. Resolvieron bajar los impuestos, con lo cual consiguieron aumentar la recaudación, y elevar el crecimiento del PIB…”, plantea acertadamente el doctor Carlos Holmes Trujillo.
Ya lo vivimos a comienzos de la década pasada cuando se estableció el descuento por inversión en activos fijos productivos. El sector petrolero, ayudado por los precios altos, multiplicó por 10 su nivel de inversión, casi duplicó su producción y su aporte fiscal pasó de 1,1% (2004) a 3,3% (2013) del PIB, todo en un lapso de ¡10 años!
Aún en este país dividido por el acuerdo de paz, es políticamente viable proponer que las petroleras paguen más, pero por la vía de incentivos fiscales para que vuelvan a invertir. Es de sentido común.
Exviceministro de Minas y Energía
@amartinez_v
Alejandro Martínez
Menores tarifas para aumentar el recaudo
Es políticamente viable proponer que las petroleras paguen más, pero por la vía de incentivos fiscales para que vuelvan a invertir.
POR:
Alejandro Martínez Villegas
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