Realmente histórico el fallo del Consejo de Estado que le devolvió la personería jurídica a la Unión Patriótica (UP), partido que surgió de los acuerdos de paz del Gobierno de Belisario Betancur con las Farc, en 1984.
Lo que hizo el alto tribunal fue revocar una decisión del Consejo Nacional Electoral, que le había despojado a la UP la personería jurídica con el argumento de que en el 2002 no había presentado candidatos a las corporaciones públicas, desconociendo el hecho evidente de que no lo hacía por cuanto, prácticamente, todos sus congresistas, diputados, concejales, alcaldes, dirigentes y simpatizantes habían sido asesinados en una macabra alianza entre narcotraficantes (como Gonzalo Rodríguez Gacha), paramilitares y sectores desviados de la Fuerza Pública.
Ese sí, un verdadero genocidio y crimen de lesa humanidad. El país no puede olvidar esa historia.
El Gobierno Betancur, en un audaz gesto, logró incluso un cese al fuego de un año con la guerrilla. De esos acuerdos surgió un partido político, no necesariamente integrado por exguerrilleros. Hubo sí, casos como el de ‘Braulio Herrera’ e ‘Iván Márquez’ (Luciano Marín), que llegaron al Congreso como desmovilizados con el beneplácito del Estado.
Pero en su gran mayoría los parlamentarios, diputados, concejales o alcaldes eran líderes populares de izquierda que nunca habían estado en la guerrilla.
Para citar unos pocos casos, ni Pedro Nel Jiménez ni Leonardo Posada (congresistas) habían empuñado las armas. Los dos candidatos presidenciales asesinados, Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo (1990), nunca tuvieron militancia guerrillera, y antes bien condenaban la lucha armada.
Pardo, fue un juez y magistrado brillante de un extraordinario carisma. Jaramillo, un líder popular y abogado laboralista de Manizales, con un gran arraigo en las clases medias y en el pueblo por su figura y desparpajo. Es verdad que las Farc cometieron la torpeza militar y política de continuar con la lucha armada mientras se mantuvo la UP como expresión política, no de la guerrilla, sino de los acuerdos de paz. Pero ese no puede ser el argumento como suele oírse leerse a veces para justificar semejante masacre.
Ese proceso de paz, que le hubiera ahorrado al país miles de muertos, lo ahogaron en sangre personajes equivocados del establecimiento.
Probablemente, se asustaron con los 300 mil votos que el magistrado Pardo sacó como candidato presidencial en 1986. Ese juicio histórico de responsabilidad está por hacerse, como lo está el de los inspiradores de la violencia liberal conservadora de la década de los 50.
Ahora que se adelanta un proceso de paz, que ojalá sea exitoso, debe tomarse en cuenta la lección de la UP. De un lado, las Farc no pueden hacer política con armas, y de otro lado, no se puede permitir, con el cómplice silencio de muchos, que los reinsertados sean después masacrados indefensos. Para avanzar es necesario que se sepa la verdad, y una de ellas tiene que ser el esclarecer plenamente quiénes fueron los inspiradores, autores, cómplices y auxiliadores del genocidio de la Unión Patriótica. De eso deberían ocuparse los negociadores de La Habana, antes que insistir en un inútil cambio de la Constitución.
Alfonso Gómez Méndez
Jurista - Politico
@gomezmendeza
