El acoso escolar o bullying es un fenómeno global que viene en aumento y nuestro país no es la excepción. Su prevención y manejo son responsabilidad compartida entre padres de familia y establecimientos educativos.
Dentro de las causas más visibles del aumento se encuentran: el uso indiscriminado de las redes sociales, la pretensión de que la educación en valores se imparta en los colegios sin ayuda del ejemplo familiar, y el entorno en general de violencia que caracteriza a nuestro país. También, la incapacidad de asumir responsabilidades y querer encontrar siempre la culpa en alguien más.
Muchas veces, quienes se declaran víctimas de acoso, también son victimarios y en ocasiones están desahogando sus propias inseguridades, su propia soledad, su falta de adaptación. Es un fenómeno complejo, que la ley ha intentado reglamentar mediante la expedición de la Ley de Convivencia y las múltiples instrucciones de las secretarías de educación. Pero en la práctica, los colegios enfrentan serios problemas al momento de aplicar dichas normas.
En primer lugar, el Estado ha limitado la capacidad de los colegios de sancionar a los estudiantes que cometen faltas. Desde la redacción misma de los manuales de convivencia se hace énfasis en que las medidas no sean ‘punitivas’, se habla de conciliación y reparación, pero no de asumir las consecuencias de los hechos o conductas irregulares.
¡Ay del pobre colegio que intente corregir a sus alumnos! Los propios padres rechazan toda sanción y apoyan a sus hijos, aunque haya de por medio una falta grave. En una ocasión, un rector conversaba con un menor sobre un plagio que había cometido. El estudiante, arrepentido, prometía no volverlo a hacer. ¡Cuando oh sorpresa! El papá le dice, “¡usted cállese y no admita ninguna falta!”.
En segunda instancia, el abuso de las tutelas contra los colegios es abrumador. Se han visto casos de acciones de tutela en las que los padres de un menor piden que no sea cancelada su matrícula, a pesar de saber que su hijo ingresó en la noche al colegio, sobornó al celador y se robó unos exámenes. ¿Qué se puede esperar de ese estudiante?
Por último, como es usual en nuestro sistema jurídico, la forma tiene precedencia sobre el fondo. A las autoridades de inspección en educación parece que les interesa más revisar si el manual de convivencia usa lenguaje inclusivo o contiene los derechos de las comunidades marginadas, pero en ninguna parte se habla de los deberes de los estudiantes. Pareciera que solo tienen derechos.
Sin duda el acoso escolar va en aumento y son necesarias acciones urgentes para controlarlo.
Pero no es protegiendo a sus hijos que los padres de familia van a formar ciudadanos de bien, ni es con medidas formalistas que las autoridades van a ejercer supervisión; tampoco es reportando hechos en un sistema de alertas donde los casos duermen por meses sin que nadie actúe y que solo sirven de estadística fatal cada vez que los medios las publican.
PAULA SAMPER
Socia de Gómez-Pinzón Abogados
