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Jorge Restrepo

Contra el desarrollo

El Gobierno, sin consulta, impone a toda la Nación la no explotación de los recursos no renovables, nos lleva del decrecimiento al anti-desarrollo.

Jorge Restrepo
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Jorge Restrepo

El 30 de enero el Gobierno expidió el decreto 44 que establece el fin del desarrollo minero en las zonas de reserva ambiental que defina él mismo.

Este acto de Gobierno define tres “criterios para la declaración de zonas de reserva de recursos naturales de carácter temporal” que “delimitará y declarará el Ministerio del Medio Ambiente”, para “proteger recursos naturales renovables”: uno, que haya “ecosistemas de importancia ambiental o valores de conservación y prestación de servicios ecosistémicos; dos, que haya “presencia de importancia estratégica para la preservación de recursos hídricos que surten de agua a acueductos” o “para la seguridad alimentaria”; tres, que tengan “procesos de degradación que requieran acciones de restauración para recuperar servicios ecosistémicos”.

Con el segundo criterio, casi cualquier cuenca o región donde haya explotación agrícola puede ser declarada zona de reserva. Con el tercero, toda zona minera en explotación -que siempre genera alguna “degradación”- de Cerrejón a Cerro Matoso, puede ser declarada zona de reserva. La importancia estratégica es, claro, discrecional, así tenga manto científico, pues la principal razón que da el decreto para declararla es el “principio de precaución”.

También decreta el Gobierno que “mientras la reserva [TEMPORAL] esté vigente, [LOS]bienes afectados quedarán excluidos de concesión o autorización de uso a particulares”. Así permite que el Minambiente imponga restricciones al desarrollo minero, incluso en áreas de concesión vigente en las que se adelantan trámites de consulta previa y de licenciamiento ambiental pues decretó que “durante la vigencia de la declaratoria de reserva temporal, las autoridades no podrán otorgar permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales”.

La decisión no sólo pone en alto riesgo cualquier explotación minera futura, sino que puede requerir para negociar “la terminación de la explotación títulos mineros y/o contratos de concesión minera” vigentes por mutuo acuerdo, y dispone que “las autoridades tomarán las medidas a que haya lugar y orientarán, cuando así proceda, el cierre definitivo de las operaciones mineras” para “restaurar las áreas de minería”. De recimiento negociado.

Invocando el principio de precaución, el decreto invierte la carga de la prueba, pues estas “zonas temporales” lo serán “hasta que exista certeza sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las actividades mineras en el área reservada” Minería sólo con certidumbre, sin impacto, imposible.

Chocó y el país necesitan la minería. Superar la pobreza necesita la minería. Pero el Gobierno prohíbe la minería legal, limpia, bien hecha. Entretanto, la minería ilegal, la que contamina ríos con mercurio, la de las organizaciones criminales, que no paga regalías ni impuestos, que no consulta a las comunidades, sigue adelante. La población que afecta, con certeza, esa otra minería no tiene Estado que la proteja y cuide.

El decreto deja en tierra nuestra riqueza, justo cuando, por la transición energética, más valor le da el mundo al cobre y otros minerales. El Gobierno, sin consulta, impone a toda la Nación la no explotación de los recursos no renovables, nos lleva del decrecimiento al anti-desarrollo.

JORGE RESTREPO
​Profesor de economía, Universidad Javeriana.

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