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DOMINGO, 14 DE ABRIL DE 2024

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Jorge Restrepo

El Gobierno propone, el Congreso dispone

Liquidar el Presupuesto como lo aprobó el Congreso curaría esta ruptura institucional y evitaría un gasto arbitrario sin representación.

Jorge Restrepo
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Jorge Restrepo

Uno de los más importantes resultados de la economía pública, la economía del poder, es que las restricciones al gobierno, en tributación y gasto, pueden mejorar el bienestar de la sociedad. A veces los gobiernos deciden gastar los impuestos en proyectos poco creíbles, sublimes o irrealizables, así los consultores les aconsejen llamarlos ‘misiones’.

En otras ocasiones hay objetivos meritorios, necesarios, de consenso, pero difíciles: la vacunación contra covid-19, buscar la cura contra el cáncer o construir un metro en Bogotá. Aparte de esos proyectos, sublimes o no, factibles o no, está la función pública, la tarea cotidiana de gobierno, en la que siempre hay más necesidades que recursos.

Cada gasto está sometido, en democracia, a la restricción esencial de un gobierno, una que distingue democracia de autocracia: quien decide en qué se gasta y cuánto se gasta es el Congreso,
en representación de los ciudadanos, sobre la base de lo que propone un gobierno. En EE. UU. así lo establece la Constitución: “No se podrá girar dinero del Tesoro si no es en virtud de asignaciones efectuadas conforme a la ley”.

Las leyes, no sobra decirlo, las aprueba únicamente el Congreso, en democracia. En 1921 otra ley obligó al gobierno a enviar un presupuesto para su aprobación, antes de autorizar cualquier gasto, y desde entonces, el control de gasto es la herramienta más poderosa del Congreso.

En el Reino Unido el Parlamento estableció en 1713 que todo gasto con cargo al tesoro puede aprobarlo la Cámara de los Comunes, pero únicamente por petición del gobierno, limitando así la clientelización del gasto, y la Órden Permanente 49 establece que “Cualquier carga sobre los ingresos públicos … será autorizada mediante resolución de la Cámara”.

Nuestra Constitución establece que “Corresponde al Gobierno enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos y que ‘En tiempo de paz… no se podrá… hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en él’ y que ‘El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos’”.

Portafolio reveló que el Gobierno Nacional decretó cambiar la destinación del gasto aprobado por el Congreso para 2024, introduciendo partidas ‘globales’ en sustitución de gasto para cumplir compromisos de deuda y pago de proyectos, con ese decreto asumió el poder del Congreso saltándose la Constitución. Sin importar si el Gobierno sabe gastar ahora mejor que lo que propuso al Congreso, o si busca poder para renegociar contratos: no sabemos en qué proyectos, dónde y a través de qué medios quiere gastar esa plata.

El presupuesto que aprobó el Congreso cumple con los compromisos de la Nación y con nuestro voto pudimos incidir en qué se gastan nuestros impuestos. Liquidar el Presupuesto como lo aprobó el Congreso curaría esta ruptura institucional y evitaría un gasto arbitrario sin representación.

Jorge Restrepo
Pprofesor de economía Universidad Javeriana

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