El Acuerdo de Paz con las Farc fue punto de partida para construir la realidad esperada de sustituir a lo largo de la geografía nacional, el común ambiente de guerra por un panorama sin sangre y muerte. La ansiada aspiración requería del Estado llenar los espacios en los territorios abandonados por los alzados en armas.
Sin embargo, el frenazo introducido a la implementación de lo acordado en la Habana por la presidencia anterior, derivó en un vacío aprovechado por diferentes actores armados ilegales para imponer en ellos su ‘ley’ y continuar desplegando las actividades del narcotráfico y la minería ilegal. Con el respaldo de sus armas colonizaron algunos lugares y los sometieron a su ilegítima autoridad, generando nuevamente barbarie, zozobra y miedo en sus habitantes.
El recrudecimiento de los actos violentos en la actual confrontación militar, reflejados en el sacrificio de uniformados de la Policía Nacional y del Ejército, las masacres, el asesinato de reinsertados, líderes sociales e indígenas, así como los ataques sin misericordia contra la población civil, son hechos justificantes del proyecto de ‘paz total’ impulsado por el gobierno. En este marco, el próximo cese al fuego con las disidencias de Mordisco es un avance más, a pesar de las últimas acciones irracionales y miserables en Timba (Cauca) y Jamundí (Valle).
Frente a las buenas intenciones gubernamentales, que deben persistir, preocupa lo sucedido en la vereda El Manso en Tierralta, Córdoba. La forma como se abusó de su población es síntoma grave de un cáncer enquistado en nuestras gloriosas fuerzas armadas a quienes la Patria debe tanto.
Pareciera que la dolorosa y demencial historia de complicidad de algunos de sus miembros con los grupos paramilitares, evidenciada con los testimonios rendidos por los militares procesados en la JEP, hubiera penetrado en esta sagrada institución hasta crear en ciertos sectores una especie de ‘cultura’ al servicio de esas organizaciones de destrucción que ha permanecido vigente.
Por esto, resultan insuficientes las medidas adoptadas con los protocolos anunciados por sus comandantes, así como las sanciones a aplicar a los oficiales, suboficiales y soldados responsables de tales conductas, las cuales deben ser de la mayor drasticidad, pues podrían llegar a enmarcase en los delitos de ‘lesa humanidad’ contemplados en el art. 7 del Estatuto de Roma.
Los diálogos de paz en curso, exigen una estrategia adicional al interior del cuerpo armado oficial para erradicar en todos sus niveles los efectos nocivos de dicha influencia perniciosa, acompañada de contrainteligencia efectiva en las zonas con presencia de grupos criminales, para anticiparse a hechos similares. Sólo así se podrá ganar verdadero terreno a esa herencia indeseada que tanto daño ha ocasionado al honor militar y avanzar hacia la anhelada paz.
GUSTAVO H. COTE PEÑA
Exdirector General de la Dian
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