¿Podrá Colombia superar los retos que el cambio climático le impone? ¿Cómo llevar agua potable de forma confiable a La Guajira y a Santa Marta? ¿Puede el Gobierno Nacional resolver los serios problemas de salud en Manaure y Buenaventura? ¿Necesita Colombia abandonar la banca central independiente y devolverle el poder al Gobierno Nacional sobre el régimen cambiario, la emisión monetaria y control sobre el crédito y del sistema financiero? ¿Mejor la educación superior provista sólo por universidades estatales, que con el sistema mixto actual?
Todas son preguntas para las que hay una respuesta por parte de la élite que tiene el control del Gobierno y el Congreso. Esas respuestas, sin embargo, suponen, en todos los casos, cambiar las instituciones en la Constitución Política.
La Emergencia Económica, Social y Ambiental que declaró el Gobierno en La Guajira, por ejemplo, planteaba una ruta para enfrentar algunos de esos problemas, en once decretos con fuerza de Ley, gracias al estado de excepción, centralizando lo que ya en 1986 se había comenzado a descentralizar y asignando directamente recursos para atender los problemas de salud, educación, nutrición y agua potable en ese departamento.
La Corte Constitucional mostró que el camino escogido por el Gobierno Nacional -la excepción al régimen constitucional- no es el adecuado y evitó así una ruptura del Estado de Derecho.
Incluso con la aceptación de la mínima mayoría en la Corte, de que había fundamento en hechos para declarar la emergencia, que la crisis humanitaria grave en La Guajira la agravaron hechos imprevisibles, repentinos, inesperados y extraordinarios -argumento contrario a la evidencia, en mi opinión- eso no es suficiente para que el Gobierno asuma los poderes del Congreso y sin contar con el gobierno de La Guajira y sus municipios.
Lo importante es eso: la insistencia de la Corte Constitucional en que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, pueden y deben usar “sus competencias constitucionales y legales ordinarias” para “adoptar las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira”.
Además, que deben fortalecer “las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden”. Finalmente, que las intervenciones de política deben “hacerse por las vías institucionales ordinarias”, pues de lo contrario se afectarían “los principios democráticos y de separación de poderes”.
El camino que señala la Corte no es el que lleva a tensionar las instituciones, hasta lograr que cedan o, peor, que se rompan. El camino ya definido es que el Gobierno gobierne y el Congreso legisle. Es el camino más difícil: requiere trabajo, planeación, escuchar al otro, diseñar programas y políticas, hasta construir nuevas instituciones y desconfiar de lo que creen que saben gobernantes y políticos. Sólo así habrá esperanza, sin excepción.
JORGE RESTREPO
Profesor de economía de la Universidad Javeriana
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