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¿Una revolución al derecho societario colombiano?

El Decreto promoverá con seguridad mejores prácticas de cara a los conflictos de intereses.

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Los que llevamos años esperando la tan anhelada reforma al régimen societario colombiano, finalmente tuvimos el privilegio de presenciar un avance en ese sentido.

Se trata del decreto que emitió el pasado 30 de enero el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que regula principalmente los potenciales conflictos de intereses de los administradores de una sociedad. Este Decreto -el 046 de 2024- incluye otros temas que tienen una repercusión importante en el régimen de deberes de los administradores en las sociedades.

Vale recordar que en Colombia son administradores no solo los representantes legales, sino también los miembros de junta directiva, liquidadores y cualquier otra persona que cumpla funciones de representación.

Y es que llevamos años esperando este Decreto por varias razones. Por primera vez se pone de presente en una norma la definición de lo que se entiende por ‘conflicto de intereses’, por un lado, y por ‘actos de competencia’, por el otro. Si bien estas definiciones no tienen la claridad que esperábamos, sí permiten que los administradores tengan una idea más aterrizada sobre los posibles eventos que implicarían este tipo de comportamientos.

Otra de las grandes victorias del Decreto es incluir expresamente la regla de la discrecionalidad, o lo que se ha llamado en el derecho norteamericano, la business judgement rule. Según esta regla, los jueces no deben cuestionar las decisiones de negocios tomadas por los administradores de una empresa, siempre que esas decisiones se tomen de buena fe, con un grado razonable de cuidado y como parte de un proceso informado. En ese sentido, el decreto señala expresamente que “las autoridades respetarán el criterio adoptado por los administradores en la toma de decisiones de negocios”. En el Decreto se hable no sólo de los jueces, sino de todas las ‘autoridades’, lo cual es un incentivo para que los administradores se animen a tomar riesgos en el mejor interés de la sociedad, dentro del marco de la ley y del cumplimiento de sus deberes, claro está.

El Decreto permite expresamente que se den autorizaciones generales a posibles situaciones de conflictos de intereses, siempre y cuando se trate de operaciones recurrentes y del giro ordinario de la sociedad. Esto marca una diferencia con el régimen actual ya que atiende las realidades empresariales, al permitir que sociedades de un mismo grupo contraten entre sí, sin tener que pedir una autorización particular para cada operación.

La norma marca un avance importante para el régimen societario colombiano: promoverá con seguridad mejores prácticas de cara a los conflictos de intereses y, tal vez, disuada a los empresarios del uso abusivo de esta figura, que lastimosamente se había venido afianzando. Esperamos entonces que, a pesar de sus detractores, este decreto sobreviva, al menos mientras llega la tan esperada reforma al régimen societario.

MARÍA ISABEL ROMERO
Socia de Corporativo en Gómez-Pinzón.

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