Durante las últimas semanas Colombia ha vivido episodios que, aunque no son nuevos, si tienen matices muy diferentes. En agosto de 2013 se vivieron varios días de paro agrario que dejaron un saldo de cuatro muertos y el bloqueo de carreteras. En su momento el hecho generó la frase “el tal paro no existe”, y las declaraciones gubernamentales giraban en torno a ‘infiltraciones’ y ‘el uso de la fuerza contra los violentos’.
Ahora, con el auge de las redes sociales y la irresponsabilidad de ciertos ‘opinadores’, la cuestión - grave por demás -, se ha amplificado, pero sobre todo atizado como preludio seguramente al año electoral y colofón de los confinamientos y angustia colectiva.
(Vea: Todos somos consumidores / Opinión de Andrés Barreto González).
En cualquier caso, la situación se ha desbordado y la discusión gravita sobre el legalismo conveniente de quién tiene más derechos o cuál derecho prima, y no desde el interés general o el bien común, dependiendo del prisma a través del cual se mire.
Parte del problema radica en el hecho de que no hemos podido construir un imaginario común de derechos y obligaciones, que no de normas, ni entender el equilibrio que debe existir entre estos.
(Le recomendamos: Pilas con los datos / Opinión de Andrés Barreto González).
En este sentido, si uno de los detonantes de la protesta fue una ‘reforma tributaria’ que se retiró, y cuyo recaudo aproximado esperado era de $23,4 billones, el pliego de condiciones del autodenominado comité del paro costaría $80 billones aproximadamente, lo que nuevamente demuestra la desproporción en lo económico.
Con las finanzas públicas seriamente afectadas por la pandemia y el hecho de que se buscó garantizar la vigencia de los programas sociales, subsidios y alivios, el ‘pliego’ es ciertamente corolario en el panorama actual.
(Lea: La propiedad industrial y su negocio / Opinión de Andrés Barreto González).
Los bloqueos, el vandalismo y el cese de la actividad productiva por estas afectaciones han costado más de $6 billones según el Ministerio de Hacienda, y el costo diario oscila en los $484 mil millones. No se entiende tampoco cómo se solicita por algunos la intervención en el mercado, cuando las afectaciones las causan los hechos violentos e ilegales como el bloqueo de las vías, lo que conlleva al desabastecimiento y el alza de precios, lo que además sacrifica al pequeño y mediano empresario y comerciante, así como al trabajador.
A más de esto, la narrativa perversa alrededor del asunto ya despierta los más inhumanos comentarios como justificar la muerte de civiles, bebés y policías, hasta el antisemitismo y censura en contra medios de comunicación. La desinformación ha llegado al punto de causar ataques a ambulancias, almacenes de cadena y entidades financieras.
(Vea: Juntas independientes / Opinión de Andrés Barreto González).
La protesta es legítima, sí, dentro de los límites que impone la Constitución y la ley, entre estas normas está la garantía de nuestros derechos económicos, sociales y colectivos, así como la prohibición expresa de perturbar el transporte público y obstruir las vías afectando el orden público y al final, al consumidor.
ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
Superintendente de Industria y Comercio
superintendente@sic.gov.c