El 6 de mayo la autodenominada “junta de supervisión de Facebook”, creada por la misma red social, decidió que la suspensión de la cuenta del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, era pertinente por un periodo definido de tiempo, pues su suspensión definitiva violaría su “derecho a la igualdad” frente a otros usuarios, en especial políticos.
Esta determinación no tiene ningún otro efecto que devolver la decisión final a la compañía, lo que supone que en la pelea entre Trump y la empresa Facebook aún no hay ganador. La “junta” otorgó seis meses a Facebook para definir una sanción más “justa” que la suspensión definitiva.
Tras cuatro meses de deliberación, esta fue la “sentencia” de la “junta”, que no es otra que la más obvia de las salidas, pues devolvió el problema a la compañía, en lugar de ocuparse de los problemas de fondo como la difusión de noticias falsas, la publicidad política con contenidos difamatorios, la sectorización de contenidos para engañar a la población, o como las libertades democráticas se ven vulneradas por estos contenidos y la intromisión negativa de la tecnología en los procesos electorales.
En lugar de haber logrado una definición sobre este delicado asunto, esta “junta” se limitó a resolver temporalmente una cuestión particular en lugar de aprovechar el episodio para ocuparse de asuntos de mayor importancia como el abuso de las redes sociales, la exacerbación del odio, el matoneo, la difusión de contenidos difamatorios y degradantes y, por supuesto, su efecto a nivel político y global en una sociedad hiperconectada, pero igualmente, desinformada.
En el pasado se habían presentado hechos similares como el uso de la red social para amplificar el discurso de odio, contenidos antisemitas y foros negacionistas del holocausto.
Sin embargo, el hecho de haber tomado acciones contra el expresidente estadounidense Donald Trump a escasos días de su salida de la presidencia, y tras lo ocurrido en el Capitolio en Washington, demuestran no solo la complacencia de esa red social, sino la conveniencia temporal y apenas formal de la suspensión.
Otros políticos acusados de difundir información falsa han sido Nicolás Maduro, Jair Bolsonaro y Rodrigo Duterte, a quienes Facebook no les limitó el uso de la red social de manera indefinida, y les permitió utilizar otras de sus aplicaciones como Instagram y WhatsApp, lo que demuestra la ineficacia de la junta en condicionar el comportamiento de quienes vulneran estos espacios, pues es el mismo Facebook el que al final decide a quién vetar.
El error de fondo es pensar que este tipo de mecanismos como una “junta” sean realmente independientes o tengan algún efecto verdadero. Al final, Facebook es quien detenta el poder y su “junta” no es más que un maquillaje para hacernos creer que hay un compromiso serio de mejores contenidos o mejor información.
Andrés Barreto González
Superindustria y Comercio
Presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. superintendente@sic.gov.co