En estos años al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) nos propusimos varios temas que afortunadamente logramos sortear. De una parte, avanzar en los casos más relevantes (Odebrecht, Reventa de Boletas, PAE, entre otros), sumando las multas más altas hasta el momento, así como las reformas institucionales y regulatorias que nos permitieran mejorar la cultura de libre competencia.
En ese sentido, creamos la Dirección de Cumplimiento en la Delegatura de Competencia como herramienta preventiva y proactiva de la autoridad, modificamos el régimen sancionatorio a través de la Ley Anticorrupción, actualizamos el programa de delación repotenciando la herramienta y sus beneficios, y hemos dejado el despacho al día en casos, habiendo tomado 43 decisiones con multas por casi $626.000 millones.
Se dejan importantes aperturas para avanzar en determinar responsabilidades (Contratos de Fútbol, Bavaria, Lactosueros y Avianca entre otros), así como la aceptación de garantías con miras a cerrar anticipadamente casos, siempre y cuando estos no sean delitos y/o el solicitante no haya sido el coordinador de la conducta.
La cantidad y contundencia de las decisiones dejan una impronta de celeridad y eficiencia que se acompasa con la seguridad jurídica, en ese sentido, más del 80% de las sanciones impuestas por la SIC son confirmadas por los jueces.
Quedan temas pendientes que ojalá sean del interés de la Administración por venir, sin el ánimo de influir en ella ni mucho menos, sugiero de manera respetuosa avanzar en lograr el principio de oportunidad en materia penal para aquellos delatores en casos de competencia, ello daría seguridad de no ser responsables penal y administrativamente, al tiempo de apaciguar los ánimos punitivos de querer cárcel por todo.
También es importante avanzar en una figura de reparación para los afectados por los carteles y prácticas anticompetitivas, escenario que se ha analizado y en donde las figuras jurídicas actuales aún no tienen ese potencial.
La exclusión y expulsión efectiva de actividades comerciales, contractuales y gremiales a los sancionados por prácticas restrictivas contra la competencia también sería una herramienta de disuasión y no reincidencia, es muy triste encontrar a contratistas y personas sancionadas involucradas en las mismas conductas.
Sin perjuicio de las responsabilidades penales, disciplinarias, fiscales y administrativas del Superintendente de Industria y Comercio, es muy grave ver como interesados, investigados o sancionados ejercen presiones indebidas a través de medios de comunicación, la judicatura, o la política, para tratar de inducir actuaciones u obtener resultados que no deriven del análisis probatorio, la significatividad de las conductas y el debido proceso.
Siempre habrá cosas por mejorar, pero es satisfactorio entregar las únicas reformas al régimen de competencia en los últimos años, la mayor cantidad de decisiones y las sanciones más altas de la historia, así como un protagonismo real en la OCDE y otras organizaciones internacionales.
ANDRÉS BARRETO
Superintendente de Industria y Comercio
superintendente@sic.gov.co