Se completan cinco meses de interinidad en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), esta importante entidad es la autoridad única de competencia, de protección del consumidor, de datos personales, de metrología legal, administra el registro de la propiedad industrial, ejerce funciones jurisdiccionales, es policía judicial en materia de delitos económicos, además de autoridad anticontrabando.
Los requisitos, calidades y procedimiento para proveer el cargo del Superintendente de Industria y Comercio se encuentran en el Decreto 1817 de 2015, son los mismos que para ser Superintendente Financiero y de sociedades, quienes fueron ratificados por el actual gobierno.
Urge que la Superintendencia más transversal de todas cuente con un titular que cumpla con los requisitos exigidos, pero, sobre todo, que continúe con el trabajo de una entidad que ejerce funciones de inspección y vigilancia en ámbitos importantes y críticos, ahora que se acerca un complejo panorama económico y cuando desde el gobierno se habla de precios, del adecuado funcionamiento de los mercados, y de posibles monopolios y abusos.
Preocupa que una entidad que cuenta con asientos en los Comités de Competencia, Datos y Consumidor de la Ocde, que hace parte de las redes de autoridades de competencia, consumidor y datos, y que presta un importante servicio como garante del sistema de alertas y seguridad de producto de la OEA, simplemente esté como espectadora y no como la protagonista que siempre ha sido.
A pesar de que los asientos en los Burós de la Ocde se pierden al ser estos a título personal (detenté los de competencia y datos), los puestos de los comités se mantienen al ser Colombia miembro de la organización, pero el inmenso avance que se ha tenido a nivel institucional, en beneficio de los consumidores y los derechos ciudadanos, no se puede marchitar ante la interinidad que hoy afecta a la entidad.
Durante el periodo 2018 - 2022 la SIC sancionó 40 carteles, impuso las multas más altas de la historia (Odebrecht por $295.000 millones), otras emblemáticas como el Cartel de Reventa de Boletas para Rusia 2018 y el PAE en Bogotá, y sumó casi $700.000 millones solo por sanciones al régimen de libre competencia.
Por primera vez en su historia la entidad fue reestructurada logrando la creación de una Dirección adicional en materia de Habeas Data, la creación de la Dirección de Cumplimiento, y una sistematización al 100% de toda la entidad, así como un aumento en las multas de competencia en la Ley 2195 de 2022.
Si esta importante entidad no es una prioridad, la protección para los consumidores y el adecuado funcionamiento de los mercados no será una realidad, lo que sumado a los pronósticos económicos y los anuncios para el 2023 la hará determinante por su independencia, capacidad y resultados.
Andrés Barreto González
Ex superintendente de industria y comercio
andresbarretog@gmail.com
