Andrés Espinosa Fenwarth
Columnista

Despolitización agropecuaria

El ICA se desplomó del segundo lugar al lastimoso puesto 68 entre las 75 entidades oficiales evaluadas en el bienio 2016-2017.

Andrés Espinosa Fenwarth
POR:
Andrés Espinosa Fenwarth
junio 12 de 2018
2018-06-12 09:18 p.m.
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Durante los últimos ocho años, el poder ejecutivo perfeccionó el arte de gobernar cimentado en dos pilares: el ‘reparto de la mermelada en toda la tostada nacional’, término acuñado por el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, con motivo de la aprobación del acto legislativo que modificaba el régimen de regalías; y la entrega burocrática de las entidades oficiales a la casta política de origen parlamentario.

La operación de este complejo mecanismo de gobernanza estatal salió a la luz pública gracias a la confesión efectuada ante la Corte Suprema de Justicia por el excongresista Musa Besaile, cuyo documento ‘La ruta de la mermelada’, fue conocido en su totalidad y revelado en exclusiva por La W.

En particular, Besaile le manifestó al alto tribunal que el Ejecutivo calificaba a los congresistas según su caudal electoral para garantizar con ‘mermelada’ el apoyo parlamentario a las iniciativas gubernamentales. De manera complementaria, el Gobierno clasificaba las entidades públicas de interés político en clase A, B y C, de conformidad con su importancia en la repartija burocrática, la cual se realizaba a nivel nacional y regional, de suerte que las instituciones podían estar en cabeza de notables congresistas y sus dependencias regionales en manos de poderosos gamonales políticos.

Desde la perspectiva gubernamental, el Banco Agrario, Finagro, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Incoder (entidad liquidada en diciembre de 2015, cuyas funciones se trasladaron a las agencias Nacional de Tierras y de Desarrollo Rural) eran clasificadas como entidades clase B, las cuales de manera ordenada y sistemática hacían parte del reparto burocrático entre los partidos políticos y los parlamentarios amigos del Gobierno.

Para comprobar el daño causado a la institucionalidad agropecuaria por la politización burocrática, basta examinar el caso del ICA, establecimiento público nacional de naturaleza técnica y científica adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios de animales y vegetales, la protección de la salud humana, animal y vegetal, así como de la admisibilidad en los mercados internacionales de nuestras exportaciones agropecuarias. De acuerdo con el Índice de Transparencia de la Corporación Transparencia por Colombia, el ICA se desplomó del respetable segundo lugar obtenido en el periodo 2007-2008 al lastimoso puesto 68 entre las 75 entidades oficiales evaluadas en el bienio 2016-2017, con lo cual el riesgo de corrupción se transformó de “moderado” a “alto”.

En este lapso, este se convirtió en un fortín burocrático nacional y territorial, deteriorando su capacidad de acción preventiva y de gestión sanitaria, se dañó gravemente su imagen técnico-científica y se afectó abiertamente la defensa del estatus sanitario nacional.

El futuro del campo, la agricultura moderna y la agroindustria comercial colombiana dependen integralmente de la despolitización de los entes oficiales agrarios. Para lograrlo, vote por Iván Duque para que despolitice –como propone– todas las instituciones del sector rural.

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