Hace 200 años, Simón Bolívar le dictaba a su secretario, Pedro Briceño, la memorable ‘Carta de Jamaica’, documento fundamental para entender el pensamiento del Libertador. Bolívar escribía entonces –de manera realmente premonitoria–, que “en cuanto a la heroica y desdichada Venezuela, sus acontecimientos han sido tan rápidos y sus devastaciones tales, que casi la han reducido a una absoluta indigencia, y a una soledad espantosa: no obstante que era uno de los más bellos países de cuantos hacían el orgullo de América. Sus tiranos gobiernan un desierto y solo oprimen a tristes restos, que escapados de la muerte, alimentan una precaria existencia”. Paradójicamente, esta es la radiografía virtual de la Venezuela de hoy, del bravo pueblo venezolano, que el novelista Alejo Carpentier señalaba como lo real maravilloso.
Entre 1999 y el 2015, el Ejecutivo dictó 250 decretos-leyes, derivados de la promulgación de seis Leyes Habilitantes sancionadas con el apoyo de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que dominaban la Asamblea Nacional. La estructura resultante se tradujo en la desnaturalización de las instituciones venezolanas y la entronización de un sistema político, económico y social, creado a imagen y semejanza del obsoleto comunismo cubano de los años sesenta.
Durante los 17 años de vigencia del autocrático ‘Socialismo del Siglo XXI’, regentado primero por el comandante Hugo Chávez y ahora por el presidente Nicolás Maduro, el Ejecutivo ha sido obsesivo en el abandono sistemático de la separación de poderes, esencia misma de la degradación de la democracia venezolana. Actualmente, el Palacio de Miraflores ejerce explícito control sobre cuatro de las cinco ramas del Poder Público Nacional: ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral.
Hasta el 5 de enero de 2016, el régimen socialista controlaba también el Poder Legislativo. Con la victoria electoral de la Mesa de Unidad Democrática, el Ejecutivo se quitó la máscara y actualmente utiliza su influencia ideológica sobre el Tribunal Supremo de Justicia para anular las determinaciones soberanas de la Asamblea Nacional. Para coronar la búsqueda del poder único mencionado por Montesquieu en su célebre obra El espíritu de las leyes, el presidente Maduro expidió y publicó en la Gaceta Oficial el 13 de mayo, el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que lo autoriza para dictar las medidas de orden social, ambiental, económico, político, jurídico y de seguridad, que estime conveniente.
Sobresalen por encima de la Constitución Bolivariana, las facultades concedidas al Ejecutivo para celebrar contratos de interés público sin la aprobación de la Asamblea; suspender las sanciones de carácter político contra las autoridades del Poder Público, y entregar funciones de vigilancia a los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución, transformados en poderosas milicias comunales.
Es hora de que la clase política de las Américas se interese, como lo hacen los expresidentes de la región, por la suerte del sufrido pueblo venezolano, que se esmera por recobrar la democracia y los derechos fundamentales conculcados por la anacrónica penumbra socialista.
Andrés Espinosa Fenwarth
CEO de Inverdies
andresespinosa@inver10.co
