La República Bolivariana de Venezuela es una autocracia socialista fraguada a imagen y semejanza de la anacrónica Cuba de los años 60. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 cimentó el régimen absolutista y la consecuente ruina de la nación vecina, concebida para imponer la nueva Constitución al servicio del poder supremo oficial. El principal instrumento para legislar al margen de la Asamblea Nacional ha sido la promulgación de Leyes Habilitantes otorgadas al amparo del Artículo 203 de la Constitución Bolivariana, el cual dispone las “directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente de la República con rango valor y fuerza de ley”.
Desde sus orígenes, el Estado socialista utilizó los poderes omnímodos que emanan de estas proclamas legislativas aprobadas por la Asamblea Nacional de hegemonía oficial; el fallecido comandante Hugo Chávez legisló por decreto en 230 ocasiones, gracias al otorgamiento de cuatro de ellas en los años 1999, 2000, 2007 y 2010. El presidente Maduro expidió 20 decretos con fuerza de ley en el 2013 y en el 2015, apoyado en dos Leyes Habilitantes.
A raíz de las mayorías alcanzadas electoralmente por la bancada opositora en la Asamblea Nacional este año, el presidente Maduro modificó la estrategia y se valió del Artículo 338 de la Carta Bolivariana para despachar el Decreto 20184 el 15 de enero de 2016, mediante el cual declaró el “Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional” durante 60 días, prorrogables por otros 60 días.
A la fecha, la vigencia del Estado de excepción económica se ha extendido cuatro veces, cada una por dos meses, supuestamente para atender la compleja crisis económica que empuja a Venezuela hacia el abismo social y político. Todos los decretos gubernamentales han sido avalados a pie juntillas por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados no ocultan su militancia socialista, pese al rechazo del orden legítimamente establecido por la Asamblea Nacional.
De acuerdo con la Gaceta Oficial de Venezuela del pasado 13 de septiembre, Maduro prorrogó la declaratoria de Emergencia Económica en todo el país, “dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos”, a fin de que el Ejecutivo “adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida”.
El último giro del molinete antidemocrático venezolano –que anula eficazmente la separación funcional de poderes requerida para el aseguramiento de las libertades de sus ciudadanos– es la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral, de reconocida mayoría oficial, que impide la realización del referendo revocatorio este año y obstaculiza la renovación republicana y pacífica del Estado totalitario venezolano antes del 2019.
Andrés Espinosa Fenwarth
CEO de Inverdies
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