Hace 20 años, un grupo de parlamentarios liderados por el entonces senador, Amylkar Acosta, promovió el proyecto de ley de etanol que le permitiera al país reducir la dependencia nacional de hidrocarburos, mejorar la calidad de las emisiones de gases de efecto invernadero que originan el calentamiento global, dinamizar la producción agrícola y generar empleos sostenibles a nivel rural. Un par de años después, el presidente Andrés Pastrana sancionó la Ley 693 de 2001, que definió las bases de esta promisoria agroindustria colombiana y los estímulos para su producción, comercialización y consumo en todo el territorio nacional, incluido el tratamiento especial de las políticas sectoriales correspondientes.
Desde entonces, ha corrido mucha agua bajo el puente. La agroindustria de etanol ha madurado a lo largo de toda la cadena productiva, apoyada en una prolífica normativa regulatoria y sustentada en cuantiosas inversiones de Bionergy, Incauca, Manuelita, Mayagüez, Providencia, Riopaila-Castilla y Risaralda, que superan los 1.200 millones de dólares. Pese a sus logros en materia ambiental, energética, agraria, social y de desarrollo territorial, el etanol nacional se encuentra seriamente amenazado por la perversa combinación de desbocadas importaciones subsidiadas originarias de Estados Unidos y la débil defensa de esta importante agroindustria colombiana.
En cuanto a lo primero, según la Federación Nacional de Biocombustibles, el etanol estadounidense exportado a Colombia se beneficia de 31 subsidios (9 federales y 22 estatales) valorados en 6.409 millones de dólares. Estas subvenciones comprenden pagos directos, créditos subsidiados y seguros de cosecha a favor de los productores de maíz (materia prima usada en Estados Unidos para producir etanol), además de créditos fiscales, exoneración de impuestos y financiamiento subvencionado para los fabricantes de etanol.
Los documentos que comprueban lo anterior reposan en los archivos del Comité de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio desde el 29 de junio de 2018, motivación y cimientos suficientes para disponer la aplicación de medidas compensatorias. En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 299 de 1995, el Ministerio impuso derechos compensatorios provisionales por un valor de 9,36 por ciento hasta el 8 de septiembre de 2019, inferiores al 22 por ciento solicitado para restablecer las condiciones de competencia, actualmente distorsionadas por el etanol subsidiado estadounidense.
El Comité de Prácticas Comerciales olvidó la fecha oficialmente establecida del 25 de septiembre de 2019 para convocar la sesión para terminar la investigación, difundir el informe final y proceder a la imposición de derechos compensatorios definitivos en la cuantía señalada, imputables a las importaciones subvencionadas de etanol norteamericano. Durante este proceso, las importaciones subsidiadas de etanol de Estados Unidos crecieron 40 por ciento al pasar de 196 millones de litros en el 2018 a 272 millones de litros en el 2019, equivalentes al 62 por ciento de la producción nacional de etanol proyectada en 453 millones de litros al cierre del año pasado.
Así las cosas, la supervivencia del etanol colombiano ahora depende del Gobierno Nacional.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP
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