El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito despegó pesadamente y con certeza se quedará muy corto en capacidades y resultados. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se erradicaron de manera voluntaria 16.754 hectáreas de coca entre mayo del 2017 y enero del 2018, cifra muy inferior al área sembrada total de 188.000 hectáreas.
Daniel Rico, economista, politólogo, máster en Administración Pública y candidato al doctorado en Criminología y Políticas Públicas, de la Universidad de Maryland, realizó una evaluación de los Programas de Desarrollo Alternativo de los cultivos catalogados por el Gobierno y las Farc como ‘de uso ilícito’. Rico fundamenta su investigación en una novedosa metodología de análisis micro, que le permitió construir la mayor base de datos de carácter territorial del país.
Las perturbadoras conclusiones incluidas en su tesis doctoral, que explican el anunciado naufragio de la sustitución voluntaria de coca, son las siguientes: 1. en el 95 por ciento de las zonas priorizadas para sustituir coca no había coca. 2. Las inversiones para sustituir coca se hacen en las veredas más cercanas a los cascos urbanos, donde no hay coca. 3. Mientras aumenta el área de cultivos de coca, se reduce el área de intervención de los programas de sustitución. 4. Los productos seleccionados para la sustitución son inviables como medio de transición. 5. El Desarrollo Alternativo se hace en regiones más seguras, más cercanas, con más acceso a vías terciarias, pero con menos coca. 6. Tan solo en el 25 por ciento de los casos, la sustitución se hizo en el momento correcto, es decir, menos de dos años después de la siembra de coca. Al analizar la situación de las principales extensiones cocaleras del país (Tumaco y Catatumbo), Rico comprueba que las inversiones gubernamentales de sustitución se hacen en las pocas áreas donde no hay coca.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP), organismo no gubernamental que monitorea la sustitución de cultivos ilícitos, identificó los perversos efectos de la sustitución voluntaria de coca: 1. generación de expectativas irrealizables y aumento de la conflictividad social en las regiones cocaleras. 2. Politización y empoderamiento de organizaciones sociales –en algunos casos a favor de las Farc– que no necesariamente representan a las comunidades con cultivos ilícitos. 3. Aumento del precio de la hoja de coca y reactivación del mercado por parte de bandas criminales, que buscan copar los territorios abandonados por las Farc. 4. Empoderamiento del narcotráfico trasnacional, que se ha valido de la intimidación para que las comunidades bloqueen con violencia y secuestro los esfuerzos de la Fuerza Pública para erradicar forzadamente los cultivos de coca. 5. Atracción fatal de otras economías ilegales, que esperan sacar ventaja de los vacíos de poder dejados por las Farc.
¡Así, resultan evidentes el fiasco y las azarosas consecuencias de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Colombia!
