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Andrés Espinosa Fenwarth

¿Y de la corrupción, qué?

La política anticorrupción debe tener en cuenta la compleja realidad del empleo público, con un elevado uso de contratos de prestación de servicios.

Andrés Espinosa Fenwarth
POR:
Andrés Espinosa Fenwarth
septiembre 06 de 2022
2022-09-06 10:27 p. m.
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La desconexión entre la percepción de la gente y las políticas públicas es cada día más grande. La corrupción es prueba reina de la creciente brecha entre las encuestas de sentimiento ciudadano, que le apuntan a la corrupción como uno de los principales problemas que agobian a los colombianos, y la realidad de la clase política, que asume que la corrupción no es una preocupación prioritaria, o que no es de su incumbencia.

El pulso nación del Dane confirma que los encuestados consideran que los mayores niveles de corrupción se dan en el sector salud (40,6%), justicia (28,1%) e infraestructura (13,6%). De acuerdo con el Monitor Ciudadano de Corrupción de Transparencia por Colombia, los ámbitos centrales de corrupción se encuentran en la contratación, la seguridad y los tramites regulatorios y de licenciamiento de las entidades públicas.

Los principales hechos de corrupción se concentran en el Gobierno Nacional (32,16%), Alcaldías (27,40%) y privados (11,69%), sector que recientemente se ha convertido en un factor determinante, aunque no principal, de la creciente inmoralidad administrativa.

De acuerdo con Transparencia Colombia, las acciones públicas contra la corrupción deben abarcar medidas concretas que permitan fortalecer los procesos administrativos en las fases de prevención, investigación, sanción y reparación de los hechos corruptos identificados por las autoridades de control. Las áreas priorizadas, que deberían ser abordadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, comprenden la necesidad de tener un liderazgo ético, transversal e integral contra la corrupción, que le de prevalencia al uso adecuado de los recursos por encima de las decisiones políticas y los voraces apetitos burocráticos. La administración Petro con certeza tendrá el presupuesto general de la nación más elevado de la historia republicana -por encima de $400 billones- circunstancia que exige austeridad y probidad en el manejo del gasto y la inversión públicas.

La política anticorrupción debe tener en cuenta la compleja realidad del empleo público en Colombia, con un elevado uso de contratos de prestación de servicios, que, por sí mismos, configuran un Estado paralelo, costoso, y por lo general, innecesario, como ocurre con la mayoría de las consejerías en la Presidencia de la República y ministerios como el de Agricultura y varias de sus entidades adscritas. La lucha contra la corrupción debe garantizar el derecho de acceso a la información y la transparencia, que al igual que la luz en los rincones más oscuros, apuntala la confianza ciudadana.

Por último, se debe evitar la concentración en las diferentes ramas del poder público. El unanimismo en la escogencia de las autoridades de control y la ausencia de una oposición organizada que ejerza sus funciones de veeduría política le restan grados de libertad y eficacia a la lucha contra la corrupción en un país donde, como el Gatopardo, todo cambia para que toda siga igual.

Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co

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