¡Qué vergüenza! La decisión histórica del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de convocar a un debate regional sobre la ruptura del Estado de Derecho por parte del Gobierno de Venezuela pretende ser descarrilada por un grupo de países que dicen respaldar la democracia, pero que, de hecho, están ayudando a comprar tiempo al régimen venezolano.
El grupo es encabezado por Argentina, cuya canciller Susana Malcorra necesita el respaldo de Venezuela –miembro del Consejo de Seguridad de la ONU– para su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. El grupo está proponiendo una resolución alternativa a la de Almagro, que dice contar con el respaldo de más de 20 miembros de la OEA, y que –aunque criticada por el Gobierno venezolano–, en la práctica, haría postergar la discusión regional propuesta por Almagro.
El borrador de resolución del grupo pide dar más tiempo al esfuerzo de mediación de los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá, para “la reapertura de un diálogo efectivo” entre el gobierno y la oposición en Venezuela.
Malcorra ya me había anticipado su postura en una entrevista reciente. La canciller me dijo que respalda los actuales esfuerzos de mediación de Rodríguez Zapatero y el bloque de la Unasur para permitir un referendo revocatorio en Venezuela, pero que “no están dadas las condiciones” para aplicar la Carta Democrática de la OEA a Venezuela.
Según Sergio Jellinek, portavoz de Almagro, el jefe de la OEA presentó su propuesta de aplicar la Carta Democrática de la OEA el 31 de mayo, después de que Argentina no le mostró la lista de los países que, supuestamente, respaldaban darle una nueva oportunidad a la misión mediadora de Rodríguez Zapatero.
Algunos países miembros de la OEA dicen que Almagro actuó precipitadamente, sin consultar con otros países miembros. Otros Estados temen que la acción de Almagro siente un precedente para que la OEA aplique la Carta Democrática a Brasil, u otras naciones inmersos en crisis políticas.
La convocatoria de Almagro a un debate regional sobre Venezuela propone crear una nueva comisión de mediación más plural, que podría pedirle al presidente venezolano Nicolás Maduro que reconozca las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, libere a los presos políticos y permita un referendo revocatorio autorizado por la Constitución venezolana.
La propuesta apoyada por Argentina ofrece “respaldo” al esfuerzo de mediación de Rodríguez Zapatero “con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica” en Venezuela.
El problema es que lo que se necesita para resolver la crisis en Venezuela es una comisión de mediación mucho más amplia que la de Rodríguez Zapatero, que es vista por la oposición como muy cercana al régimen de Maduro. Bajo la propuesta de Almagro, debería haber una comisión de mediación que incluyera a la OEA, Unasur, las Naciones Unidas y expresidentes como Rodríguez Zapatero.
“Durante los últimos 17 años, los así llamados diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición han sido shows mediáticos que han ayudado al régimen a comprar tiempo sin cambiar nada”, dice Carlos Vecchio, un conocido dirigente opositor venezolano. “La única manera de resolver la crisis será a través de la presión internacional para una diálogo real que produzca resultados”.
Al momento de escribir esta columna, la resolución impulsada por Argentina tenía buenas probabilidades de ser aprobada. Estados Unidos y la oposición venezolana estaban considerando respaldarla, porque la alternativa –someter a un voto la propuesta de Almagro y perderlo– le podría dar al régimen de Maduro una gran victoria propagandística.
Mi opinión: la resolución patrocinada por Argentina es un caso típico de hipocresía política. Uno no puede decir que apoya la democracia en Venezuela y, al mismo tiempo, demorar los esfuerzos de Almagro por poner mayor presión internacional sobre el régimen de Venezuela para que deje de actuar como una dictadura, y empiece a respetar las reglas democráticas como el derecho del Congreso venezolano de aprobar leyes.
Venezuela necesita la acción de la OEA, y ahora. Si los países miembros quieren darle una última oportunidad a la comisión de mediación de Rodríguez Zapatero, que así sea, pero deberían poner una fecha límite para producir resultados, a más tardar el 13 de junio, cuando la Asamblea General de la OEA se reúna en la República Dominicana. Para entonces, debería haber un fuerte respaldo regional para una comisión de mediación creíble en Venezuela.
Andrés Oppenheimer
Periodista - Columnista de The Miami Herald y El Nuevo Herald.
Mauricio Reina
INVESTIGADOR FEDESARROLLO
