La mayoría silenciosa del sistema de salud colombiano ha soportado los señalamientos y la estigmatización que sobre el sector se han encarnizado, a partir de la parcial y parcializada información que algunos han mediatizado con el fin de hacer prevalecer sus intereses.
Esa parte enmudecida ha tolerado que se aprieten al Gobierno y al Congreso para que tramiten en este cuatrienio tres reformas legales al sistema de salud, a pesar de que hace seis años fue aprobada por el Legislador otra ley que hizo lo propio, sin contar cuatro leyes de los últimos ocho años que lo modifican en aspectos específicos.
Muy pocos han expresado públicamente que no es con leyes como se solucionarán las dificultades que enfrenta el sistema de salud.
Menos, han dicho que muchos de esos retos, por no decir la totalidad, se estarían solucionando si los ministros de Salud de los últimos tres años se hubieran concentrado en expedir la reglamentación pertinente al amparo de las leyes vigentes, para dar respuesta a los desafíos de rectoría, financiamiento, información, gestión, infraestructura, vigilancia y control, que es donde están los verdaderos problemas estructurales del sistema.
Para ello no se necesitaban más leyes.
La realidad que les ha correspondido a los últimos tres ministros es la de tener que dedicarle una parte muy importante de su labor a atender las pretensiones reformistas, en su mayoría innecesarias, de algunos agentes del sistema. Por esto, nos encontramos hoy nuevamente en el Parlamento, en las discusiones repetidas desde hace cerca de 10 años.
Discusiones ajenas a los retos que van a prevalecer para que el sistema de salud sea universal, solidario y eficiente como manda la Constitución, no importa el modelo que apruebe el Legislador.
Lo que es irónico es que después de que han presionado e insistido en la Presidencia de la República, el Congreso y los medios de comunicación para que se tramite la tercera ley ordinaria que reforma el sistema, voceros de esos grupos le exigen al Gobierno que retire el proyecto en discusión, porque lo aprobado por la plenaria del Senado no les satisface.
No contentos con esto, pretenden que en cambio se escoja una comisión de ‘notables’, (¿propuesta por ellos?) para que redacte un proyecto de ley tal vez a su talla, que sea aprobado por un anhelado ‘pupitrazo’ del Congreso. Planteamiento poco democrático.
Confiemos en que el Alto Gobierno no ceda a esas nuevas presiones. Ni el Gobierno, ni el Congreso y tampoco el sistema de salud, pueden actuar supeditados al vaivén de los arrebatos de unos pocos.
La reforma de 1993 le trajo un gran cambio social al país.
El modelo de salud no ha sido la debacle que algunos insisten en presentar, pero sus avances están aún lejos de alcanzar la operación ideal para cumplir el mandato constitucional. Hay muchos claroscuros que deben ser ajustados. Algunos, puntuales, requieren la nueva ley que se tramita. Ya entrados en los gastos del trámite legislativo, es necesario introducir los más pertinentes.
Pero la generalidad de las mejoras requeridas se puede hacer por vía reglamentaria de las normas legales que ya son efectivas.
Así, sería viable: reducir la intermediación financiera que no genera valor; garantizar la sostenibilidad del sistema y un manejo eficiente de los recursos; mantener los logros alcanzados en protección financiera y cobertura; dominar las barreras de acceso a medicamentos y servicios de salud; garantizar mayor calidad y continuidad; contar con información del sector que les permita al Gobierno y las entidades responsables adoptar las políticas y estrategias en salud; someter la corrupción y garantizar una mejor regulación y supervisión.
La mayoría silenciosa debe dejar de serlo y expresarse, para que nos podamos dedicar a lo importante, que no es otra cosa que trabajar por mantener lo más sana posible a la población para que se eduque, sea productiva y el país crezca equitativamente.
Augusto Galán Sarmiento
Exministro de Salud