Los colombianos tendemos a ser incrédulos, pesimistas e indisciplinados. Se nos dificulta el trabajo colectivo. Los niveles de confianza y de control del Estado son bajos y se cree más en las fuentes de información no válidas que en las oficiales. En nuestra historia, ha habido momentos de optimismo por acrecentar la confianza en las instituciones y avanzar a consolidar un monopolio del Estado.
Todavía no llegamos allá. Estudios científicos sobre capital social, confianza institucional y control indirecto del Estado nos muestran que en estas materias los retos permanecen grandes.
Una investigación en estos asuntos, hecha en el 2011 con apoyo de la Fundación Restrepo Barco y otras organizaciones, mostró el deterioro del vínculo de la sociedad con la institucionalidad. Un simple ejemplo: la caída en el trabajo voluntario; solo el 16 por ciento lo realiza. Apenas el 11 por ciento confía en los demás. El capital social resquebrajado.
Los mecanismos de participación ciudadana para controlar el Estado cayeron en 64 por ciento, con respeto al estudio del 2005. El control social también está maltrecho. Paradójico, porque los años del estudio abarcaron la época en que semanalmente se hacían consejos comunales muy presidenciales y se creía que la rendición de cuentas era permanente y efectiva; pero no.
Los asuntos públicos no le interesan a la mayoría de los ciudadanos, quienes prefieren ver televisión, jugar tejo o golf y tomar trago con amigos. Se informan por los titulares, y ahora por las redes sociales. No profundizan análisis sobre asuntos colectivos, mucho menos los contextualizan. Los potenciales electores se convierten en pasto fértil para la desinformación y el engaño. Así, no extrañan los resultados en el plebiscito del 2 de octubre.
Cinco años después del estudio, los colombianos hemos sido testigos de que los dirigentes del país han lesionado más la confianza por las instituciones. Los pasados jefes de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría hicieron prevalecer sus intereses religiosos, políticos, ideológicos o personales. Además, muchos dirigentes políticos y empresariales no se responsabilizan de nada, aunque ellos o su círculo más cercano sean condenados por malversaciones, ‘chuzadas’, prevaricatos, o sean señalados o confesos de prácticas indebidas como la mentira, las tergiversaciones o las manipulaciones. Se pasean orondos sin importarle el daño que le causan a la confianza del país, al capital social y al control ciudadano de nuestras instituciones.
Robert Putman, sociólogo y politólogo de Harvard, estudió 20 años las tradiciones cívicas en la Italia moderna, y afirma que la diferencia entre el norte y el sur de ese país radica en que el primero posee un capital social mejor desarrollado. Sus conclusiones conducen a considerar que estamos acostumbrados a pensar en el Estado y en el mercado como las alternativas para la resolución de nuestros problemas sociales, pero ellos operan de manera más eficientemente en entornos con mayores estándares cívicos, con más capital social.
Mockus demostró que podemos adoptar comportamientos cívicos más transparentes que nos beneficien a todos. En el Magdalena Medio, Valle y sur de Bolívar, hay ejemplos que evidencian que nos podemos organizar con propósitos comunes.
La esperanza que señala el estudio de la Fundación Restrepo Barco se halla en que hubo un crecimiento en el sinceramiento y en la credibilidad sobre las investigaciones, producto de las denuncias y los ‘destapes’. Más información pública y mejor justicia es la que necesitamos.
Si a los dirigentes no les interesa contar con capital social en Colombia, para los ciudadanos es vital. La paz se consolida con más información y transparencia, justicia efectiva y mayor participación ciudadana.
Augusto Galán Sarmiento
Ex ministro de Salud - Exembajador de Colombia en la Unesco
columnista
Paz con capital social: doble reto
Si a los dirigentes no les interesa contar con capital social en Colombia, para los ciudadanos es vital.
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Augusto Galán Sarmiento
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