Desde que Colombia apoyó a Corea en la guerra de 1953, entre los dos países surgió una profunda amistad, pero el ejemplo económico del aliado asiático, que lo ha llevado al éxito, es inaplicado en nuestra nación.
Entre los objetivos de la presencia japonesa en Corea estaba el control de la agricultura como soporte por ser un activo valioso, y por ello la explotación agrícola fue punto central de la administración colonial.
El dominio extranjero le obstaculizó la posibilidad al Gobierno coreano de ser más flexible para impulsar su desarrollo económico en varias áreas, como por ejemplo la tierra, debido a que uno de los principales intereses de Japón sobre Corea fue la agricultura. Existía una simbiosis entre las élites privilegiadas y los extranjeros, y ello dificultó el desarrollo económico; otra traba fue la prolongación de la dinastía Yi hasta entrado el siglo XX.
Hacia 1919 Japón adelantó un censo catastral para determinar el tamaño, valor y propiedad de cada parcela, para luego implantar un sistema impositivo que gravara la tierra, muy parecido al sistema japonés. La confiscación compensada (1945-1948) de la tierra que los grupos élite coreanos habían comprado a los japoneses fue una mezcla de política progresista y de transacción con los sectores más conservadores.
Pese a que el sistema colonial proporcionó elementos importantes para el mercado de tierras, la reforma agraria (1949-1952) buscó formar un mercado de tierras para que los campesinos tuvieran participación en la propiedad. La reforma se basó en el principio de confiscación compensada y reparto gratuito, según el cual el Gobierno compraba las tierras de labranza a los terratenientes a precios obligatorios y las vendía a los agricultores a precios inferiores al mercado.
La reforma agraria prohibió la propiedad de tierras de labranza a personas que no fueran agricultores, se estipuló la cantidad máxima de tierras que podía tener cada campesino y se prohibió la aparcería. La extensión máxima permitida por personas que no fueran agricultores muestra el compromiso de impedir la formación de una clase que acaparara gran parte de la tierra. Por último, la prohibición de la aparcería contribuyó al ascenso del campesinado en la escala social y a su vez finiquitó los intereses de las élites en la tierra.
El límite a la propiedad de la tierra y la prohibición de tenerla a no agricultores permitió que el suelo fuera utilizado netamente para la producción agropecuaria, y ello derrumbó el objetivo de muchos terratenientes: la tierra como ‘alcancía’ que genera rentabilidad a través de su valorización.
Este es un punto central que obligó a los tenedores de tierra a trabajarla y poder producir un excedente para ser reinvertido o consumido.
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