Pakistán, que enfrenta una severa crisis social, ha sido obligado a aceptar las medidas de austeridad que impone el FMI. Ello ocurre cuando aún se sienten los efectos de la pandemia con la ruptura de las cadenas globales de producción y distribución, agravada por el conflicto en Ucrania, pero el FMI insiste en condicionar los rescates al sacrificio de las políticas sociales, como subsidios a combustibles y alimentos.
Durante la crisis asiática el FMI condicionó el apoyo a la liberalización de los mercados, buscando enterrar el modelo de crecimiento asiático, donde el Estado juega un papel importante. Ello provocó gran descontento social e inestabilidad política, y causó la caída de Suharto en Indonesia, promovida por el FMI y Estados Unidos. El FMI presionó por la adopción de políticas privatizadoras, en línea con el ideario neoliberal y forzó la venta de empresas asiáticas a corporaciones estadounidenses. Entonces algunos países de Asia (especialmente China) adoptaron la política de acumular reservas para enfrentar futuras crisis, sin recurrir al FMI.
En medio de esa crisis, Japón propuso crear un fondo monetario asiático, lo cual fue impedido por EE.UU.. Sólo recientemente el Banco BRICs hizo realidad esa propuesta, concediendo préstamos en función de estrategias como la Ruta de la Seda, sin condicionarlos a la adopción de políticas internas.
Muchos critican el carácter antidemocrático de la composición y funcionamiento del FMI, pues con aportes de sólo 16,5%, Estados Unidos impuso que las decisiones se tomen con el 85% de los votos.
Adicionalmente se le ha criticado la tardía adopción de una moneda propia en 1969 (los Derechos Especiales de Giro) y su marginalidad, pues representan el 2% de los medios de pago del mundo y sólo opera entre gobiernos.
A las críticas por sus políticas recesivas, que obligan a imponer nuevos impuestos en períodos de crisis, aumentan los cuestionamientos por haber concedido créditos a gobiernos militares que no podían cumplir los procesos para autorizar el endeudamiento en los parlamentos, pues estaban clausurados.
Gran parte de esa deuda otorgada a los militares se fugó a paraísos fiscales, en un período conocido como ‘década perdida’ para el desarrollo y pese a que el Senado americano multó con US$25 millones a los cinco bancos que le abrieron cuentas a Pinochet camuflando su nombre, el FMI no ha hecho ninguna revisión de la legalidad de las deudas otorgadas a regímenes dictatoriales. Aunque se han impulsado alivios a países pobres, no se ha declarado la ilegalidad de esas deudas, pese a que el Nobel Kramer publicó en la revista del FMI un artículo, en asocio con Jayachandran, listando los casos de Marcos en Filipinas, Somoza en Nicaragua, Abacha en Nigeria y Mobuto en el Congo, quienes fugaron a paraísos fiscales los recursos de las deudas que contrataron.
¿Es legítimo que los países, ahora dirigidos por gobiernos democráticos, paguen deudas ilegítimas, sacrificando escuelas, hospitales, infraestructura y sostenibilidad ambiental?
Beethoven Herrera Valencia
Profesor de las Universidades Nacional, Javeriana y Prime Business School.
