El Gobierno, las confederaciones sindicales y el gremio empresarial han acordado el pasado diciembre una reforma estructural del mercado de trabajo en España, la cual busca superar los dos mayores problemas del mercado laboral español: la temporalidad y la precariedad.
Por primera vez gobierno, empresarios y trabajadores llegan a un acuerdo marco de relaciones laborales que busca impedir el abuso del trabajo temporal, calificado por la Unión Europea como “la lacra de las relaciones laborales en España”.
La vicepresidenta Yolanda Díaz logró el acuerdo con el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, sobre la base de concesiones mutuas: limitar la temporalidad sin eliminar la flexibilidad. Los empresarios llegaron al acuerdo, pese a la oposición del Partido Popular, pues creen que es preferible a una reforma unilateral impuesta por la mayoría gubernamental. Además, se contó con el apoyo de Fátima Ibañez quien fuera ministra de trabajo de Rajoy.
El acuerdo cambia el paradigma de formación, impulsando la contratación formativa, inspirada en el modelo dual alemán, que garantiza su articulación con el sistema de formación profesional y con los estudios universitarios.
En Colombia, en cambio, muchas empresas prefieren pagar la multa para no contratar practicantes, pues consideran que su formación no es pertinente a las necesidades de la empresa y que los trámites de vinculación y entrenamiento son excesivos y no justifican el contrato de aprendizaje por tan poco tiempo…
En España se penalizará la contratación de baja duración y se incentivará la contratación indefinida, pues hasta ahora un tercio de los contratos dura 5 días o menos. En Colombia, por treinta años se ha generalizado la subcontratación o intermediación laboral con formas precarias como falsas cooperativas y contratos de servicios. ¿Puede mejorarse así la productividad?
No cabe duda que dicho pacto es el colofón de las huelgas generales de 2010 y 2012 y de movimientos populares como el 15M contra la especulación bancaria y los desahucios de inquilinos.
Antes se adoptaron políticas de austeridad y recorte de servicios sociales para calmar a los mercados financieros; todo ello afectó severamente a los jóvenes y explica el desplazamiento del voto joven hacia la izquierda en las elecciones de 2015 y 2019. Ahora la pandemia ha colocado en la agenda la flexibilización de las reglas fiscales europeas para realizar inversiones sociales masivas (programa Next Generation) hacia programas ambientales y digitales.
El balance es que la gestión de la crisis social de 2008 fue económicamente desastrosa y socialmente costosa además de tardar 10 años; en cambio la crisis de la pandemia se ha enfrentado de mejor manera, en solo dos años.
Además, la pandemia ha revalidado el papel de la regulación, pues el confinamiento y cierre de la economía con su oleada de muertes se enfrentaron con la intervención drástica, urgente y masiva por parte del Estado.
Ahora se ha vuelto a hablar de trabajo decente y estamos frente a lo que comienza a denominararse “keynesianismo social-tecnocrático”.
BEETHOVEN HERRERA VALENCIA
Profesor universidades: Nacional, Externado y Magdalena.