La confesión del Banco Mundial, en el sentido de que manipuló la calificación de Chile, concede razón a quienes sostienen que esa entidad, al igual que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Centro Internacional de Arbitrajede Asuntos de Inversión (Ciadi) y la Corporación Financiera Internacional, actúa sesgadamente para proteger a las empresas multinacionales, la banca privada acreedora, los intereses de los países desarrollados, y a los políticos de derecha.
El economista jefe, Paul Romer, anunció que se recalculará la calificación de Chile para los últimos cuatro años, reconociendo que se manipuló, por motivaciones políticas, coincidiendo con el periodo electoral. Cabe concluir que calificar mal a la socialista Bachelet, pudo ayudar a la victoria del empresario Piñera.
Michel Camdessus debió renunciar a su cargo de director del FMI, pues envió una nota de felicitación a Tailandia, semanas antes del colapso de 1997. El FMI invitó a su asamblea anual de 1999 al presidente argentino Carlos Menem, como elogio a su ‘buena’ gestión económica, dos años antes de que ese país declarara la mayor moratoria de la historia, porque el incremento de la deuda externa de 50.000 millones de dólares a 150.000 millones de dólares, justamente bajo el gobierno de Menem, la hizo impagable.
La conclusión obligada es que esas entidades no son tan racionales ni bien informadas cuando realizan sus análisis –Stiglitz, quien trabajo en el Banco Mundial, sostiene que copian informes de un país para otro–, sino que los adecuan según convenga a los intereses de los mayores aportantes. Por ese sesgo, Ecuador y Venezuela se retiraron del Ciadi, tras los fallos favorables a empresas multinacionales.
El reconocimiento del FMI en la cumbre del G20 del 2009, luego de la explosión de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, en el sentido de que no advirtió la gestación de esa crisis, pues estaba concentrada en hacer seguimiento a los países en desarrollo, es una falacia, pues hace medio siglo que Estados Unidos arrastra un continuo déficit externo y largos periodos de déficit fiscal severo.
Pero el Fondo nunca le ha exigido ajustarse, permitiéndole trasladar sus déficits a los demás países a través de la emisión inorgánica de dólares (para Vietnam) o la emisión de bonos del Tesoro.
¡Contrasta la dureza con la que tratan a los países en desarrollo, con la escasa ética de sus funcionarios y de sus procedimientos!
¿Cómo entender, por ejemplo, que no haya una auditoría de la deuda externa contratada por dictadores, ni sobre su utilización, pese a que la década de mayor endeudamiento fue ‘perdida’ para el desarrollo? Máxime si aparecen revelaciones de evasión hacia paraísos fiscales.
¿Por qué, en lugar de imponer a los países pobres el pago de esas deudas ilegítimas, no apoyan que los bancos acreedores trasladen de las cuentas secretas de los dictadores los dineros robados, como abono a las dudas de esos países?
