Al instalar en Noruega las negociaciones con las Farc, el jefe del equipo gubernamental, Humberto de la Calle, expresó que no se negociaría el carácter del Estado, la estructura de propiedad, el modelo de desarrollo, ni el papel de las fuerzas armadas. Se trataba de acordar la reinserción de los combatientes a la política legal, para que presenten sus propuestas a la ciudadanía, y las apliquen si logran la aceptación electoral.
En la agenda acordada para dicha negociación, el primer punto se refirió a la cuestión de la tierra, reconociendo que en dicha área existen problemas que han tenido que ver con el origen del conflicto y se han constituido en grave obstáculo al desarrollo del país, a la superación de la pobreza y desigualdad, a la soberanía alimentaria y a una inserción sostenible en la economía mundial. Y los acuerdos a ese respecto respetan la propiedad legítimamente obtenida, proponen la formalización de títulos en los casos en que la tenencia sea legal, pero informal, y crean un fondo de tierras para reparar a las víctimas.
El presidente Tomás Cipriano de Mosquera (1842-1845) expropió los terrenos de manos muertas que pertenecían a la Iglesia y representaban las tres cuartas partes de la tierra de la Nueva Granada –heredadas de los difuntos, no se podían comercializar, no eran productivas y constituían un obstáculo al desarrollo moderno–. Después de la expropiación, el presidente fue juzgado y civiles compraron esas tierras con títulos de deuda pública adquiridos a bajo precio y aplicados por su valor nominal. Pasamos así de un latifundio clerical improductivo a un latifundio laico, igualmente improductivo.
La Ley 200 de 1936 sobre régimen de tierras, de López Pumarejo, estableció el acceso de los aparceros a la propiedad del terreno al cabo de 10 años de trabajo; pero, al terminar su periodo presidencial, ese plazo fue ampliado y tras la renuncia forzada de López, en su segundo mandato, esa promesa nunca se cumplió.
La Reforma Agraria impulsada por Lleras Restrepo con las Leyes 135 de 1961, como senador, y la Ley 1 de 1968, como presidente, priorizó los distritos de riego, impulsó la colonización de baldíos, y, finalmente, fue revertida en el Pacto de Chicoral, en la administración de Pastrana Borrero.
De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario, solo el 36,4 por ciento de los hogares rurales tienen acceso a la tierra, y según el Igac, el 75,6 por ciento de estos tienen menos de cinco hectáreas. Los problemas de informalidad y concentración de la tierra han sido graves históricamente, y entre el 2009 y el 2011 se presentó un aumento de la concentración de la propiedad, al pasar el índice de Gini de 0,859 a 0,863, con bajísima cobertura de seguridad social, acceso a crédito, educación y apoyo técnico.
Y los instrumentos de política han sido de bajo impacto. Por ejemplo, el Subsidio Integral de Tierras administrado por el Incoder, tuvo 132.782 aplicaciones entre el 2008 y el 2014, pero solo 7.623 adjudicaciones (Aurelio Irragorri, Revista Economía Colombiana. Julio/Agosto 2016).
Una condición del desarrollo es el derecho a la propiedad, garantizado por títulos legítimos que permitan acceder al crédito y servicios, y tener un proyecto productivo, así como trabajadores formales. Mal pueden desarrollar un proyecto productivo los tenedores de predios sin título legal, pues no tendrán acceso al crédito, no podrán contratar legalmente a sus trabajadores, no aportarán a la seguridad social de los mismos, ni tributarán al fisco.
En Colombia, según el Censo Agrario solamente el 21,4 por ciento de los predios rurales están ocupados por propietarios formales, y el 59,1 por ciento están en condición de informalidad. Y, como lo señala el Igac, buena parte de los predios formalizados se encuentran en ‘falsa tradición’, y si se refiere al ordenamiento productivo, encontramos una severa subutilización del suelo, inaceptable en un país con pobreza.
Actualmente, tenemos 7’155.000 hectáreas cultivadas de un potencial de 26,5 millones. En cuanto al uso del suelo, el 37,3 por ciento de las tierras pueden tener vocación agropecuaria, lo que representa 42 millones de hectáreas, de los cuales 22 millones están destinados a ganadería y 19,2 para agricultura; pero se usa el 34,9 por ciento para el primero, y solo el 5,3 por ciento en cultivos agrícolas.
La reducción de la pobreza en las zonas rurales ha sido jalonada por el indicador multidimensional más que por el de ingreso. Entre el 2003 y el 2014, la pobreza multidimensional se redujo en 33 puntos porcentuales, mientras la de ingresos solo en 15 por ciento. Esto se explica más por las transferencias gubernamentales que por mejoramiento del ingreso.
En el lanzamiento de la versión en español de El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, el presidente Santos criticó la tesis de James Robinson, en el sentido de que la tierra actualmente no es importante y que hay que dedicarse a educar, y sostuvo: “por supuesto que hay que hacerlo, por eso mi visión para el país es paz, equidad y educación; pero Robinson decía que era perder el tiempo, por ejemplo, retornarle a los campesinos la tierra que les fue quitada a punta de fusil, y yo si discrepo completamente de esa apreciación. No es una perdedera de tiempo, es apenas algo justo”.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor de las U. Nacional y Externado.
