Los diversos gobiernos colombianos han sostenido que las manufacturas importadas desde Panamá no son producidas en ese país, ‘que se utilizan para lavar dineros ilícitos y por ello pueden derrumbar los precios, y en respuesta Colombia ha aplicado medidas. El ministro Luis Guillermo Plata promulgó un decreto que limitaba el ingreso de bienes desde Panamá a los puertos de Barranquilla y Bogotá, el cual fue demandado ante la OMC y fallado en contra de Colombia.
Entonces los ministros Sergio Díaz Granados y María Claudia Lacouture establecieron y adecuaron un arancel mixto a esas importaciones, con los resultados indicados.
Nuevamente Panamá demandó a Colombia y en junio de 2013 el órgano de apelación de la OMC ratificó que los aranceles exceden los niveles pactados por Colombia, pero reconoció que “algunas mercancías cuyo precio es igual o inferior a los umbrales que se podrían importar en Colombia, tienen precios artificialmente bajos con fines de lavado de activos”.
En cinco años con vigencia de las medidas colombianas las importaciones de calzado cayeron de 20’734.000 pares a 1’109.000 (94%), y las importaciones de confecciones bajaron desde 5’000.000 de kilos a 231.000 (96%).
En febrero del corriente año la Unión Europea volvió a incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales de la cual había sido retirado en 2018 y para cumplir con las exigencias de la Ocde Panamá aceptó comenzar a intercambiar información fiscal con Colombia a partir de este año.
Entre los documentos filtrados por Wikileaks, se cita el informe confidencial de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Linda Watt, titulado Understanding Panama’s Colon Free Trade Zone, según el cual “gran parte del valor agregado proporcionado por los comerciantes de la Zona consiste en ayudar a sus clientes a evadir los derechos de aduana y las leyes cambiarias del país importador.
En un sistema como ese, se hace fácil hacerse el de la vista gorda respecto de actividades delictivas graves”. (Citado por Espinosa Fenwart, Portafolio, agosto 23 de 2016).
Y la información publicada en Panama Papers mostró que la firma Mossack-Fonseca, había creado 200.000 entidades fantasmas, en una evidente estrategia de evasión fiscal y se sospecha que en algunos de esos casos podría haber servido para canalizar recursos ilícitos.
Ahora, Panamá entregará a Colombia información sobre residentes fiscales colombianos, incluyendo los reportes relativos al 2019. El 25 de septiembre vence el plazo para que los residentes fiscales colombianos declaren, liquiden y paguen el impuesto de normalización tributaria, complementario al de renta y patrimonio, mediante el cual los contribuyentes que tengan activos omitidos, o declarado pasivos inexistentes al 1 de enero de 2020 pueden normalizar su situación fiscal. Las penas para esas conductas pueden ser privación de libertad de 48 a 108 meses y una multa del 20% del valor de pasivo inexistente.
La acción de firmeza y diálogo sostenida bajo tres presidentes en dos décadas por los ministros Jorge Humberto Botero, Luis Guillermo Plata, Sergio Díaz-Granados, María Claudia Lacouture, Santiago Rojas y José Manuel Restrepo, en coordinación con la cancillería de Colombia han producido este buen resultado. ¡Ojalá no quede en letra muerta!
Beethoven Herrera Valencia
Profesor, universidades Nacional y Externado