Beethoven Herrera Valencia
Análisis

Piñera, de condenado prófugo a Presidente

El 27 de agosto de 1982, fue sentenciado por Luis Correa Bulo como el principal culpable de violar las disposiciones de la Ley General de Bancos.

Beethoven Herrera Valencia
POR:
Beethoven Herrera Valencia
marzo 23 de 2020
2020-03-23 05:00 p. m.
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El derrumbe de la aceptación del presidente Sebastián Piñera de Chile a niveles por debajo del 10% ha ocurrido por el errático manejo de la crisis que explotó al final del pasado año, pero ha sacado a flote el pasado oscuro del mandatario cuando fungió de dirigente bancario.

Haber declarado que su país era un oasis en la región, una semana antes de la explosión social y haberse quedado en una pizzería celebrando el cumpleaños de su nieto mientras los jóvenes incendiaban el metro, causó mucha irritación.

También causó estupor su afirmación de que la movilización social era la expresión de un complot internacional y haber declarado al país en guerra antes de aceptar que un reclamo muy profundo estaba saliendo a la superficie.

Las protestas incluyen un cuestionamiento a las instituciones vigentes y ha conducido a la convocatoria de una consulta para decidir si se cambia la Constitución heredada de Pinochet y aún vigente con reformas superficiales. Y en esa línea de recuperación de la memoria han vuelto mencionarse las maniobras financieras de quien logró evadir la justicia para llegar a ser el hombre más rico del país y elegirse en dos ocasiones Presidente de Chile.

Han pasado más de cuatro décadas desde la poco mencionada crisis financiera chilena de 1981 desencadenada por la declaratoria de bancarrota de múltiples empresas del sector real vinculadas a instituciones financieras.

La crisis financiera comenzó el 2 de Noviembre del 81 bajo el gobierno de Pinochet y cuatro bancos y financieras fueron intervenidas por la Superintendencia Bancaria por problemas de solvencia; es decir, el valor de sus pasivos superaba al de sus activos.

Ello condujo a la nacionalización de 14 de las 26 entidades bancarias, y ese salvamento costó el equivalente al 10,6% del PIB. ¡De ello hablan poco los panegiristas del ‘milagro’ chileno!

Hay consenso respecto a los efectos que tuvo la liberalización financiera sobre la economía chilena. La Ley General de Bancos de 1981 permitía la operación y otorgamiento de créditos a instituciones relacionadas con el banco, sin restricciones y por ende los shocks afectaron a las empresas de los grupos económicos que presentaban niveles de apalancamiento críticos y se transmitieron a las entidades bancarias.

En el centro de los keiretsus japoneses, que son conglomerados de empresas en torno a un banco, existe un vínculo regulado por ley, conocido por los ahorradores y hay solidaridad entre las empresas; al igual que ocurre en los chaebols coreanos, diseñados a ejemplo de los grupos económicos japoneses.

Pero en el caso de Ecuador se permitieron préstamos de los bancos a empresas vinculadas, sin garantías ni controles y al final, cuando vino el colapso, el gobierno procedió al rescate con fondos públicos. Y no es muy diferente de los autopréstamos que el banquero colombiano Jaime Michelsen tomaba de los ahorros de sus clientes para adquirir a su nombre acciones de empresas .

Al momento de estallar la crisis el Banco de Talca era administrado por Sebastián Piñera, actual presidente de Chile y fue intervenido. La ministra de justicia de la época, Mónica Madariaga (prima de Pinochet), admitió que intervino para incidir en la decisión de un juez en el caso de Sebastián Piñera y el Banco de Talca y afirmó que había sido el único caso pues reconocía la independencia de la justicia.

Madariaga relató que el ministro José Piñera, hermano mayor del acusado, le solicitó que interviniese ante la sentencia final del juicio en el que su hermano Sebastián estaba acusado de conceder préstamos a empresas ficticias desde el Banco de Talca, las cuales luego aparecían vinculados como accionistas de la institución financiera emisora del crédito. Pese al esfuerzo de la defensa para anular la decisión judicial, el banco fue liquidado y Piñera fue condenado a prisión.

El 27 de agosto de 1982, Sebastián Piñera fue sentenciado por Luis Correa Bulo como el principal culpable de violar las disposiciones de la Ley General de Bancos y promulgó la orden de arresto; cuando sus socios en el Banco de Talca, Miguel Calaf y Alberto Danioni, ya estaban encarcelados.

Piñera se convirtió en fugitivo durante 24 días mientras sus abogados organizaban el alegato de apelación y el día 3 de septiembre de 1982 se presentaron los recursos para anular la decisión de la Corte sin éxito alguno. Sin embargo, 17 días después de esta decisión la Corte aceptó el recurso presentado por la defensa del acusado.

José Piñera, hermano mayor del actual presidente, ejercía el cargo de ministro de trabajo y justamente fue el diseñador de los fondos privados de pensiones, centro de severas críticas por el pírrico monto de las pensiones que pagan. Para justificar el afiliación obligada de todos los trabajadores públicos y privados a esos fondos privados ( a los cuales no aportaba el empleador), el gobierno de Pinochet criticó el sistema público de reparto…pero dejó a los militares afiliados a un sistema público.

En enero de 2007 la Superintendencia de Valores y Seguros le impuso una sanción de 363 millones de pesos chilenos a Sebastián Piñera por el uso de información privilegiada en la adquisición de acciones de LAN. El magnate adquirió tres millones de acciones de la aerolínea a través de un oscuro episodio en el que se encuentra involucrado Banchile, una de las instituciones financieras más importantes del país.

Beethoven Herrera Valencia
Profesor U. Nacional y Externado.
Colaboración, Juan Camilo Puello P.

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