Los sindicatos colombianos han compensado su creciente debilidad interna con un mayor protagonismo en escenarios internacionales, en donde han logrado posicionar sus demandas, hasta el punto de ser tenidas en cuenta, mientras en nuestro país eran negadas; y por esa vía han incidido en los procesos de inserción de Colombia en escenarios internacionales.
Ese es el postulado central de la tesis de grado que, bajo el título ‘Los sindicatos y la asignación del ingreso’, presentó la exministra María Mercedes Cuéllar para optar al título de Magíster en Derecho, en la Universidad de los Andes. Allí, concluye que “Es evidente que los sindicatos al haber perdido poder de negociación frente al gobierno y frente a los dueños del capital han optado por cambiar de estrategia y en la actualidad esta se orienta a la búsqueda de apoyo en factores de poder en el exterior”.
La autora reconoce que por presión de las organizaciones sindicales internacionales (la AFL-CIO de Estados Unidos en la negociación del TLC), se ordenó a las Cooperativas de Trabajo Asociado pagar al menos el salario mínimo y los aportes parafiscales a esos trabajadores y luego se les prohibió hacer intermediación laboral, pero fueron reemplazadas en esa función por las Sociedades Simplificadas por Acciones (SAS). Resulta obvio que los trabajadores vinculados bajo esas modalidades no pueden ejercer los derechos de asociación y negociación colectiva consagrados en los convenios internacionales ratificados por Colombia.
También reconoce que por presión internacional, el gobierno promulgó la Ley 1210 de 2008 que devolvió a la justicia laboral la facultad de declarar la ilegalidad de una huelga, la cual se había trasladado a la Rama Ejecutiva desde 1950.
Cuéllar reconoce que un tema de especial sensibilidad ha sido el asesinato de sindicalistas (2.534 entre 1986 y el 2007), pues las reclamaciones por esta situación demoraron por seis años la ratificación del TLC con Estados Unidos hasta que se acordó el Plan de Acción Laboral Santos-Obama del 2011.
Recientemente, la Ocde hizo exigencias para el ingreso de Colombia a este club. Resulta notable que los dos comités que mantuvieron hasta el final las objeciones fueron el comercial (por los temas de chatarrización, derechos de autor y propiedad intelectual de medicamentos), y el laboral (por los abusos de la tercerización, las debilidades en la inspección del trabajo y la violencia contra los sindicalistas, la cual, si bien ha reducido su extensión, sigue siendo considerada desde el exterior como de especial gravedad).
El papel consultivo que tiene el Comité de Trabajadores ante la Ocde (Tuac), hizo que las reclamaciones de los trabajadores colombianos tuvieran fuerte incidencia en las exigencias para el ingreso.
Y para lograrlo, el gobierno de Colombia asumió compromisos de mejorar en los temas mencionados y su cumplimiento será monitoreado.
