Sindicatos, grupos ambientalistas y organizaciones religiosas, de consumidores, de salud y de justicia económica de EE. UU. instaron a los demócratas del Senado a apoyar la inclusión de un crédito fiscal para vehículos eléctricos producidos en fábricas donde los trabajadores estén sindicalizados.Ese beneficio dirigido a los consumidores, incluyó el requisito de fabricación nacional gradual y una bonificación por negociación colectiva.
La propuesta busca acelerar la producción de autos eléctricos, crear empleos, aumentar salarios, proteger los derechos en el lugar de trabajo y mejorar la competitividad. La filosofía que inspira la iniciativa es garantizar buenos empleos en una economía limpia y asume que este ‘bono sindical’ alentará a los fabricantes de automóviles a garantizar los derechos de los trabajadores.
Se busca así que EE. UU. lidere la fabricación de vehículos del futuro y garantizar que el dinero de los contribuyentes proteja los empleos de los trabajadores sindicalizados, al tiempo que contribuye a enfrentar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de carbono en un marco de justicia social. La mencionada propuesta busca promover tecnologías limpias para competir en la economía global con energías sostenibles.
Como expresara el dirigente Matthew Davis, “Es completamente hipócrita que los fabricantes de automóviles que tienen trabajadores sindicalizados en el extranjero se opongan a hacerlo en EE. UU.”. Esta propuesta esta en línea con la política de Biden de promover empleos de calidad con ejercicio de derechos sindicales, subsidiando desde el gobierno los autos movidos por energías renovables.
Como expresara Brad Markell, director de la AFL-CIO la principal central sindical de EE. UU.: “A medida que la industria automotriz hace la transición hacia vehículos eléctricos, es importante que los incentivos proporcionados por el gobierno eleven esta visión y que nuestros impuestos respalden los más altos estándares de empleo en el sector automotriz”.
Ese vínculo entre el comercio y producción en condiciones de trabajo decente que vincula el respeto de los derechos laborales con el acceso a los beneficios fiscales es conocido como ‘cláusula social-laboral’ y tiene una larga historia, aunque ha sido negada en la oleada de TLC y acuerdos bilaterales de inversión.
Cuando un país deprime sus condiciones laborales para ofrecer productos a menores costos en el mercado mundial, envilece el trabajo y premia a los que pudiendo pagar lo justo se trasladan a esos paraísos conocidos como ‘tiendas del sudor’.Cada vez es mas claro que permitir a algunos países competir en el mercado mundial ofreciendo bienes y servicios producidos en condiciones que niegan los derechos humanos y las libertades de los trabajadores es un clarisimo ‘dumping laboral’ como el que usaron las maquiladoras en Centroamérica y el Caribe, deprimiendo la protección a la maternidad, el derecho al descanso, los derechos de asociación y negociación colectiva, para convertir esas condiciones precarias en una ventaja comparativa.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor universidades: Nacional, Magdalena y Prime Bussines School.
