Beethoven Herrera Valencia
columnista

Tributaria, en busca de los recursos perdidos…

La propuesta no establece tablas progresivas para el impuesto al patrimonio y resulta inconveniente que empiece desde $5.000 millones. 

Beethoven Herrera Valencia
POR:
Beethoven Herrera Valencia
julio 25 de 2021
2021-07-25 07:00 p. m.
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La nueva reforma tributaria reduciría a la mitad el impuesto de industria y comercio que se pueda descontar de renta, aportando $3,9 billones que antes sacrificaba el tesoro nacional. Y el impuesto de renta a las empresas se elevaría del 30 al 35 % de sus utilidades ( generaría $6,7 billones, desde 2022 hasta 2025), con sobretasa del 3% para el sector financiero. Los dos anteriores aportes habían sido aceptados por la ANDI desde antes de la presentación del proyecto de Carrasquilla, pero no se incluyeron y ni siquiera se consideraron…

La aceptación de tales gravámenes es temporal -mientras dure la pandemia- y busca obviar la propuesta de la Mision de Expertos Internacionales acerca de la convenciencia de elimnar las 225 exenciones que tienen las empresas y que hacen que las tasas efectivas sean muy bajas, comparadas con las tasas nominales, calificadas con frecuencia como “expoliatorias”.

Una tarifa uniforme de 35% en renta que no diferencia entre pequeñas y grandes empresas no toma en cuenta que las empresa grandes (1% de empresas el pais) tienen capacidad de asimilar el impuesto en tanto que las PYMES, que generan mas del 80% de empleo, merecerían un tratamiento tributario especial.

La propuesta no aborda la tributación de los dividendos, sobre los cuales no se pagan impuestos si no se decretan, o si se decretan en acciones, tampoco si se pagan a una empresa creada por los mismos dueños, o se reciben en el exterior.

La propuesta no establece tablas progresivas para el impuesto al patrimonio y resulta inconveniente que empiece desde $5.000 millones, pues debería empezar al menos desde un patrimonio líquido (bienes y derechos menos deudas) de $500 millones, excluyendo la vivienda.

Se espera recaudar $300.000 millones en 2021 y $460.000 millones en 2022 por legalización de activos fugados a paraísos fiscales, pero la tasa de 15% bajará a 7.5% si permanecen en el pais por dos años. Pero no se penaliza la fuga de capitales ni se avanza en obligar a los paraísos fiscales a suministrar información automática de los colombianos. Tampoco modifica el impuesto del 10% a las herencias, mientras Japón tiene una tarifa del 55 %.

Resulta novedoso que se ordene a las notarias usar georreferenciación para establecer el valor real de los inmuebles, pero no establece medidas para superar el rezago del catastro, que mengua los recursos municipales por predial. Se incluye la factura electrónica pero no contempla prisión real para evasores y sus asesores: actualmente si el evasor admite su falta sólo paga la multa y no va a prisión, y eso los motiva para seguir evadiendo. En otros países se paga la multa y se va a prisión. Además la penalización debería comenzar desde evasión, por ejemplo, de $500 millones y no desde $5.000 millones como se propone, pues se trata en toda caso del mismo delito.

Fitch que al igual que SyP quitó el grado de inversion a Colombia, advirtió que la reforma estructural sigue pendiente y recomendó sacar los servicios profesionales y consultorías del régimen simple, para hacer tributar a profesionales bien pagos. 

Beethoven Herrera Valencia
Profesor universidades Nacional y Externado

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