La negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a escuchar la apelación del Gobierno argentino frente a la orden judicial que obliga al país suramericano a pagar a los fondos de cobertura los bonos que no fueron reestructurados en el 2005 y el 2010, ha colocado a Argentina al borde del default.
Tras la moratoria del 2001 que suspendió los pagos sobre US$95.000 millones, el Gobierno propuso un canje por el 33 por ciento del valor de cada título, pero tenedores de bonos por US$18.000 millones se negaron a aceptar dicho canje, y algunos vendieron sus títulos a fondos de cobertura como Elliott Management Corp, Aurelius Capital Management LP y Gramercy Funds Management LC. Todos poseen títulos por US$4.500 millones, de los cuales el fallo de la Corte abarca US$1.500 millones.
El juez Thomas Griesa había ordenado pagar a los tenedores de los bonos, pero Argentina confiaba que la Corte revisara el fallo, pues prohíbe seguir pagando los bonos reestructurados (con vencimiento al 30 de junio del 2014) si no paga a los fondos de cobertura. Esta decisión fue calificada por la presidenta Cristina Fernández como “extorsión”.
Y el anuncio de una misión gubernamental para negociar con el juez fue recibida con escepticismo por considerar que no resulta evidente la voluntad de acatamiento del fallo, y la cotización de los bonos argentinos con vencimiento en el 2033 ha aumentado desde el 12,6 hasta 0,75 centavos de dólar.
La decisión judicial que permitiría el acceso de los acreedores a la información de activos argentinos en bancos estadounidenses fue cuestionada por el Obama, al considerar que viola la Ley de Inmunidad Soberana de 1976, y traería retaliaciones.
Esa situación afecta la normalización de relaciones que Argentina busca con las instituciones financieras internacionales al pagar US$5.000 millones a Repsol para compensar la expropiación y pagar a los acreedores del Club de París US$9.700 millones, pues sin acuerdo con los tenedores de bonos estaría a las puertas de una nueva moratoria.
El fondo Elliott, uno de los demandantes, le ganó a Perú en el 2000 un juicio similar y el Gobierno inca tuvo que pagarle US$58 millones.
La actual controversia entre Argentina y la justicia ha captado la atención, impidiendo ahondar en las causas del problema: ¿cómo entender que un país que privatizó energía, puertos, telecomunicaciones y petróleo al mismo tiempo, recurriera al endeudamiento externo?, y ¿por qué a pesar del ingreso de recursos por privatizaciones y por emisión de bonos, el país cayó en moratoria?, ¿en dónde están esos recursos?
Para sostener la convertibilidad del peso argentino con el dólar (1x1), la deuda argentina pasó de 50.000 millones de dólares en 1990 a 150.000 en el 2000, y condujo al colapso de dicho sistema y al ‘corralito’ o congelamiento de los ahorros de los ciudadanos.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor de las universidades Nacional y Externado
beethovenhv@yahoo.com