El castigo a los políticos acusados de corrupción y la crítica a las políticas de austeridad han marcado el descenso de los partidos tradicionales y el avance de los nuevos movimientos en España. Aunque el Partido Popular mantuvo el primer lugar, con el 27,03 por ciento de los votos, perdió 2,5 millones de votantes con respecto a las pasadas elecciones, y puede perder el control de Madrid, pues con 21 concejales, su candidata Esperanza Aguirre supera solo por una plaza a Manuela Carmena, candidata de Ahora Madrid, mientras que el Psoe obtuvo 9 concejales y el Movimiento Ciudadano 7.
El hecho más destacado es la victoria en Barcelona de la activista Ada Colau, quien le gano a Xavier Trias, de Convergencia y Unión, partido nacionalista a cuyo líder Jordi Pujol y a sus siete hijos les encontraron cuentas secretas en Andorra. Colau fue postulada por Barcelona en Común, con el respaldo de Podemos, y al celebrar su victoria declaró que “somos una revolución democrática imparable”. Prometió ser la alcaldesa al servicio de la gente “para que nunca más haya ciudadanos de primera y segunda”.
El Partido Popular conservó su mayoría en Castilla y León, Madrid, La Rioja y Murcia, pero perdería Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia, Cantabria y Baleares si el Psoe logra alianzas con Podemos o Ciudadanos. Aunque el líder del Psoe, Pedro Sánchez, destaca haber recuperado dos millones de votos desde las elecciones europeas y mantenerse como la primera fuerza de izquierda. No obstante, ha perdido 700 mil votos y, pese a presentarse como ‘la única izquierda capaz de gobernar’, deberá entenderse con Ciudadanos o Podemos si quiere impedir la continuidad del Partido Popular en el gobierno.
Podemos centró la campaña en la crítica a la corrupción y al ‘austericidio’, y advirtió que no entregará un cheque en blanco al Psoe, sino que negociará en torno a esos ejes. Por su parte, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha exigido como condición previa para cualquier alianza, la firma de un pacto anticorrupción que acabe con los aforamientos, limitar a ocho años los mandatos de los presidentes autonómicos, que los funcionarios públicos tengan que abandonar su puesto si son imputados y reducir el número de puestos de confianza.
Los partidos tradicionales intentaron asustar a los votantes, argumentando la inexperiencia de las nuevas formaciones políticas, pero los electores castigaron fuertemente a esas coaliciones que tienen a 360 dirigentes imputados y condenados. Por su parte, el Partido Popular ha pedido a Podemos explicar el origen de los fondos recibidos del Gobierno venezolano de Hugo Chávez, lo cual condujo a la renuncia de Juan Carlos Monedero, el segundo dirigente de Podemos.
No cabe duda que estos resultados incidirán en las elecciones generales de noviembre.
Beethoven Herrera V.
Profesor, U. Nacional y Externado
Con la colaboración de Holman Sierra
