Resulta notable que el país más pequeño del continente adopte medidas que limiten la concentración de la tierra, cuando en el resto de países del continente ese tipo de políticas se abandonaron después de los años 70.
El presidente José Mujica ha presentado al Congreso una propuesta de impuesto, como reacción al proceso de reconcentración de la tierra: hace una década el 1 por ciento de propietarios pequeños tenía el 3 por ciento de la tierra y ahora está reducido al 2 por ciento, lo cual significa una concentración mayor que la del ingreso.
El 10 por ciento más rico de la población tiene el 30 por ciento del ingreso nacional; pero el 10 por ciento de los mayores propietarios tiene el 64 por ciento de la tierra y el impuesto, no establece un límite a la propiedad, pero busca desalentar la concentración.
El Gobierno busca captar parte de la valorización que ha tenido la tierra y canalizar esos recursos a la construcción de vías nacionales.
La tierra se ha valorizado por siete en los últimos 10 años, y ello no es resultado del esfuerzo de los propietarios, sino que obedece a la construcción de infraestructura pública y a la seguridad jurídica que el país ha logrado.
Si dicha valorización se deriva del esfuerzo social, el Gobierno considera justo que retorne a la sociedad, pues se trata de un activo de oferta fija.
Al término de la dictadura, el Gobierno quintuplicó los avalúos catastrales que estaban rezagados y elevó la recaudación del impuesto al patrimonio en la agricultura en 2 puntos del Producto Interno Bruto.
Si se asume que el predio de menor extensión mide 2.000 hectáreas avaluadas en 10 millones de dólares, el impuesto del 1,6 por mil le significará una tributación de 16.000 dólares anuales y dicho gravamen cubrirá al 2,5 por ciento de propietarios.
Esta propuesta del ejecutivo revela una posible diferencia de criterio entre el Ministerio de Economía, ocupado de las políticas macroeconómicas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que depende de la Presidencia, tiene rango ministerial, y fue la oficina que diseñó la propuesta. Algunos analistas han querido ver en esto una diferencia de criterio entre las dos instancias gubernamentales.
Frente a la críticas en el sentido de que la medida cambia las reglas de juego y que puede desestimular la inversión, los voceros oficiales han respondido que sólo se trata de una adecuación de la política a los cambios que ha vivido la economía nacional y regional.
La bonanza económica de su vecino Brasil ha incidido en la valorización de las tierras uruguayas. Y aunque la bancada parlamentaria del Frente Amplio, partido de Gobierno, ha expresado dudas sobre la conveniencia de la aplicación del tributo en este momento, el Gobierno confía en contar con sus correligionarios para la aprobación en el Congreso.