El gobierno de Santos finaliza, y fue más que el proceso de paz. Le tocó capotear uno de los choques macroeconómicos más grandes de la historia de Colombia, con la caída de los precios de petróleo, que tuvo un golpe directo en el consumo de los hogares.
El gasto comenzó siendo de 2’455.000 de pesos mensuales por hogar y termina 95 meses después en 3’571.000, con un crecimiento de 45,5 y del 6,9 por ciento en términos reales, es decir que los hogares pueden comprar casi 107 cosas, siete más que hace ocho años. El reto que queda es el aumento del servicio de deuda como parte del ingreso de los hogares, que pasa de 8,8 a 16,3 por ciento. El endeudamiento creció en los hogares, pasando de 23 por ciento del ingreso anual a 42,5 por ciento a final del periodo. Pero, a la vez, el pago con tarjetas de crédito paso del 6,8 al 10,4 por ciento del gasto, mostrando una mejora en bancarización y reducción del uso del efectivo en los hogares, poniéndole el pie a la informalidad.
El gobierno Santos comienza con una tasa de crédito de consumo del 17,9 por ciento (15,6 por ciento, en términos reales), y la entrega en un nivel de 18,7 por ciento (15,5 por ciento, reales); la tasa de tarjeta de crédito la recibe en 21,9 (19,6 real), y la deja en 28,3 (25,1 real); la tasa hipotecaria, por el contrario, la recibe en 10,8 (8,5 reales), y la entrega en 9,6 (6,4 reales). Lo que indica que se mantuvo el costo real del crédito de consumo, aumentó el de tarjeta de crédito y se redujo, de manera importante, la tasa hipotecaria, que fue uno de los grandes esfuerzos de este gobierno.
El cambio en la tasa de usura fue una de las medidas más innovadoras en el beneficio del consumidor, ya que busca transmitir más rápido la política monetaria. Otro fue la tasa de general de IVA, que pasó de 16 al 19 por ciento, pero realmente la tasa efectiva del IVA solo paso de 5,3 a 5,7 por ciento, teniendo un efecto menor de lo que dice y ajustando el recaudo ante la ola de precios bajos, que modificó el comportamiento del comprador y redefinió los canales de compra.
La confianza del consumidor pasó de un nivel de 38,8 en agosto del 2018 a 15,5 en junio del 2018, evidenciando el golpe que tuvo en la percepción del consumidor sobre la situación económica y su intención de inversión, la devaluación que comenzó en el 2014. La buena noticia es que en junio del 2017 estaba en -11,7, y continúa en tendencia ascendente.
En cuanto a los derechos del consumidor, es uno de los gobiernos que más sanciones impuso a carteles de precios –incumplimiento del Estatuto General del Consumidor y competencia desleal–, pasando de sanciones por 8 mil millones de pesos en el 2010 a 345 mil millones en el 2017; esto generó que la gente denunciara de manera masiva.
¿Al consumidor le fue bien en este gobierno? Mayoritariamente sí, porque mejoró su acceso al crédito, pero los cambios del mercado lo modificaron profundamente, llevándolo a ser cada vez más prudente a la hora de gastar y mejorando su conocimiento de los productos. Por eso hay un nuevo consumidor.
