El desafortunado y tristemente no inédito enfrentamiento de los ministros de Hacienda y Trabajo por la necesidad de hacer reformas en los sistemas de salud y pensiones llega a los 20 años de la promulgación de la Ley 100, porque, al parecer, toca reformar todo.
Dos décadas después, las condiciones han cambiado y la ley cumplió muchos de sus objetivos, como aumento de cobertura, creación de sistemas privados de soporte al sistema público, educación ciudadana y mejora en la calidad de vida, aunque la gente y los medios se centran en sus fallas, pese a que hoy hay más personas cubiertas en salud y pensiones.
Lo bueno es que se está hablando de reformar no de cambiar o comenzar de cero. Esto significa que se deben ajustar los sistemas a las nuevas necesidades, que surgen como consecuencia de haber obtenido los objetivos iniciales.
En salud, la discusión debe centrarse en las situaciones potenciales y no en el diagnóstico de la realidad. Al comenzar la Ley 100, se estimó que un individuo iba una vez al año al médico, y que al aumentar la cobertura se requeriría un sistema que soportara 46 millones de atenciones médicas, y lo que ocurrió fue que la persona, al sentirse asegurada, aumentó su frecuencia a 4 por año.
Esto, sumado al fenómeno de los recobros y otras situaciones no previstas en el diagnóstico inicial, hicieron que el cálculo actuarial fallara y llevara al sistema a una situación de crisis financiera, en un entorno de amplia cobertura.
Así, debemos comenzar por hallar el camino de liberar el dinero congelado de los recobros hacía las EPS, con la condición sine qua non de pagar inmediatamente a las IPS, y que estas le paguen al cuerpo médico, para mitigar el problema que causaron médicos, hospitales y aseguradoras, con algún tipo de sanción para los actores, porque todos tienen parte de responsabilidad en los procesos de recobro.
En pensiones, la situación es más confusa, pero los logros son impresionantes. La Ley 100 logró desactivar buena parte del esquema pensional solidario con carga al Estado, liberando al Presupuesto Nacional de pagos injustos e insostenibles.
También logró aumentar la cobertura pensional, porque los independientes han comenzado a entrar al sistema, incluidos los jornaleros del campo, y se ha consolidado un esquema de fondos privados que ha aumentado el ahorro privado y se ha convertido en una fuente de recursos para el país.
Desafortunadamente, hoy solo hay 17,6 millones de afiliados a fondos de pensiones obligatorias y a sistemas pensionales de prima media (de los cuales 7 millones están activos), de los 21 millones de ocupados. En el mismo sentido, es impresionante cómo el 72 por ciento del pago de las cesantías a los fondos de pensiones es retirado cada año, que en su mayoría no es para una situación cesante, sino para temas de vivienda. Según diversos estudios, en 1993 teníamos una cobertura de 22 por ciento en salud y de 23 por ciento en pensiones, y a mediados del 2012 se logró llegar al 96 y 81 por ciento, respectivamente, logrando lo mismo que educación: asegurar la cobertura.
Esta ola de reformas debe tener como meta la calidad y el buen servicio, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo, y requerirá más tiempo que la necesidad política de ambos ministros.
Camilo Herrera Mora
Presidente de Raddar