Está en proceso de consulta una normativa por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que establece parámetros y límites de los vertimientos al suelo de las aguas residuales domésticas tratadas, nos referimos a las de los hogares campesinos del país y a las de instalaciones no residenciales ubicadas en área rural.
La infraestructura de las empresas de alcantarillado no puede cubrir con redes a todas las viviendas del país con una relación beneficio-costo muy baja, prácticamente impagable a través de la tarifa. Ya se han venido reglamentando en zonas rurales los esquemas diferenciales de acceso a agua potable y saneamiento, mediante soluciones individuales, acorde con la realidad del país.
En saneamiento se pueden tener letrinas secas, pozos sépticos, alcantarillados sin arrastres de sólidos, entre otras soluciones que cumplen a cabalidad con su propósito.
En el país hay unos 4,5 millones de viviendas rurales que implementan estas soluciones.
El Plan Nacional de Desarrollo eximió del permiso de vertimientos al suelo a viviendas rurales dispersas, sabiendo las dificultades para los propietarios o poseedores de las mismas para hacer los trámites correspondientes, cuando otrora estas soluciones individuales están probadas y usadas.
La norma en consulta exige monitorear vertimientos cada 5 años para viviendas rurales dispersas, así no requieran del respectivo permiso, desconociendo las vivencias en el campo colombiano. Consideramos que la exigencia del Análisis del Impacto Normativo, recomendado por la OCDE, debería ser la primera acción antes de proponer cualquier bien intencionada normativa, generando costos y trámites a quienes viven y trabajan en el campo.
¿Cómo se difundirá esta obligación, alcances y eventuales sanciones? ¿Cono- cen nuestros campesinos las técnicas para la toma de muestras? ¿Quién financiará el muestreo, envío y análisis de laboratorios? ¿Están las autoridades ambientales en la capacidad de hacer el seguimiento, monitoreo y demás acciones de cumplimiento que implica esta norma?
¿Existen laboratorios suficientes en el país para atender esta demanda? ¿Cómo evitaremos que los controles y seguimientos no caigan en exigencias absurdas y se conviertan en fuente de corrupción?
A veces las prioridades se cambian. Es imperativo alcanzar la cobertura universal de agua potable al 2030, ya sea con un sistema de redes de acueducto o soluciones individuales adecuadas. Hay que revisar antes temas del marco normativo ya existente, el control de usuarios conectados a la red de alcantarillado, tasas retributivas, definición del protocolo de monitoreo de vertimientos y las metas de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, entre otros.
La situación actual del país requiere normas que atiendan las realidades del territorio y la ruralidad debe ser prioridad. La propuesta lo único que trae es incertidumbre y pone la espada de Damocles sobre la cabeza de un sector que lo que requiere es facilitar el cierre de brechas.
Camilo Sánchez Ortega
Presidente Andesco.
camilo.sanchez@andesco.org.c